El Consejo de Gobierno de la Junta conoció ayer las nuevas actuaciones que la Consejería de Fomento pondrá en marcha en relación a las parcelaciones. Entre las medidas anunciadas está la ampliación de la figura del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) para que pueda aplicarse en más casos y la elaboración de planes especiales independientes del PGOU que faciliten la regularización. La intención de la Junta es que se acojan al AFO no solo las viviendas aisladas que se encuentran en suelo no urbanizable, sino también los asentamientos urbanísticos, que la única manera que tienen de ser reconocidos es a través de una modificación en el PGOU para incorporarlos al mismo. La figura del AFO reconoce (pero no legaliza), a través de su inscripción en el Registro de la Propiedad, a viviendas ilegales en las que el delito urbanístico ha prescrito y que no están en suelos protegidos ni con riesgos. Además, permite el adelanto de servicios básicos con condiciones y obras de mantenimiento.

Según la información difundida ayer por la Junta, su intención es ampliar el número de viviendas irregulares que puedan acceder a los servicios básicos, medida en la que ya trabaja después de que todos los intentos realizados hasta ahora no hayan dado los frutos esperados. En una nota, la Junta dijo que Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pretende poner en marcha «una regulación que permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación». El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dejó claro algo que ya han dicho distintos gobiernos hasta ahora, que no habrá «amnistía general» sino que buscará «las mejores soluciones dentro de la legalidad» y que se analizará cada caso, por lo que habrá que esperar para ver cómo se materializa la idea.

Además de ampliar el AFO para que no solo se acojan a él las viviendas aisladas, sino también para que puedan beneficiarse del mismo los asentamientos, la Junta prevé elaborar planes especiales autónomos que no dependan de los generales para resolver la situación de las parcelaciones que no pueden regularizarse. La Junta está analizando las circunstancias especiales de cada zona para intentar atajar los problemas que persisten en viviendas de la Axarquía almeriense, de las localidades gaditanas de El Palmar o Chiclana, de Córdoba y Jaén. Habrá que ver ahora como quedan las medidas en relación a las viviendas que se encuentran en suelo protegido o con riesgos, que son las que no se están pudiendo acoger en Córdoba al AFO y que son la mayoría de las que están en suelo no urbanizable.

Hay que recordar que la Junta aprobó en el 2012 un decreto con el que pretendía regularizar miles de viviendas y que apenas ha dado frutos. Ese decreto exigía la elaboración de un inventario de suelo no urbanizable, que en Córdoba lleva aprobado desde el 2014 y que identifica 87 núcleos de parcelaciones con 4.419 viviendas, de los que 47 son considerados asentamientos y tienen 2.783 edificaciones, que solo podrían regularizarse con su incorporación al PGOU a través de una revisión; 37 tienen 1.554 casas aisladas que podían acogerse al AFO; y tres son hábitat rurales que poseen 82 casas. El gran problema es que en un 14% de las viviendas no ha prescrito el delito urbanístico y que un 79% de las casas están en suelo protegido por normativa específica, territorial o urbanística. Dentro de este grupo, hay un 7% --296 casas-- protegidas por la legislación sectorial, como La Torrecilla--La Gitana, Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II, que están recogidas por el PGOU del 2001 y condicionadas al plan de mejora pero que el BIC de Medina Azahara acabó con sus expectativas. El resto forman parte de suelos protegidos de la Sierra o la Vega. Pero hay más problemas, ya que un 68% --3.053-- de las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable se encuentran en zonas con riesgo de inundación o incendio. De ellas, un 37% -1.689--tienen peligro de incendio en la Sierra; y un 31% -1.364- están en zona inundable. La amenaza de incendio puede salvarse, si el suelo no está protegido, con planes de prevención y autoprotección; mientras que en la inundabilidad la última palabra la tiene la Confederación Hidrográfica.

Dentro de las aisladas, que son un 35% del total, en un 40% no ha prescrito la infracción; un 94% tienen riesgo de incendio; y un 8% son inundables. El avance aconsejaba incluir en una revisión de PGOU suelo de la Vega, entre la A-431 y el río. Como se puede ver, el panorama en Córdoba es complejo para el AFO.