La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, se ha reunido esta mañana en Córdoba con el delegado territorial, Antonio López, y la concejala de Asuntos Sociales, Eva Timoteo, para informarles sobre la aplicación a partir del mes de marzo de la subida en el precio/hora de la ayuda a domicilio, que se pagará a partir del mes que viene a 14,60 euros/hora, lo que supondrá un incremento del 12,3% tras diez años congelado, según ha recalcado Ruiz, aunque el pago no tendrá carácter retroactivo. En la provincia de Córdoba, unas 3.700 personas, la mayoría mujeres, trabajan en este servicio incluido dentro de las prestaciones para personas dependientes.

Este aumento del precio se abonará a las empresas adjudicatarias del servicio, por lo que las trabajadoras han reclamado a la Consejería que establezca un sistema para que ese aumento repercuta de forma efectiva en sus salarios y condiciones laborales en lugar de aportar un beneficio extra a las empresas, algunas de las cuales ni siquiera están cumpliendo el convenio, según destacan desde CTA.

En este sentido, Ruiz ha señalado que si bien son los ayuntamientos y diputaciones los que deben regular esta cuestión, se está trabajando ya en una nueva Orden, que debería estar acabada en abril, según las previsiones de Igualdad, y que servirá para "regular la situación en que se van a aplicar los convenios y los contratos de ayuda a domicilio". Para ello, si hasta ahora la subasta del servicio daba un 90% de puntos a la empresa que ofreciera el servicio a mejor precio, a partir de ahora, se incorporarán una serie de cláusulas sociales que primarán las condiciones laborales que dichas empresas ofrezcan a sus empleadas. "De ahí que estemos acudiendo a los ayuntamientos", que son quienes gestionan el servicio en cada municipio, "para que colaboren con nosotros en ese objetivo cuando contraten", ha insistido.

En concreto, entre las novedades que incorpora el proyecto de Orden elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se incluyen artículos en referencia a los derechos de las trabajadoras. Así, por ejemplo, se excluye expresamente del personal auxiliar las actuaciones de carácter sanitario o de las necesidades del hogar que no estén recogidas. Para mejorar las condiciones laborales del personal, se garantiza una organización del servicio que mantenga unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, buscando el equilibrio entre turnos de mañana y tarde para evitar jornadas fraccionadas y estando prohibida la realización de servicios de menos de una hora. Asimismo, se establece unos intervalos horarios de prestación preferente para personas usuarias que requieran atención especial como las postradas en camas o que precisen ayuda para levantarse y acostarse. Además de la fiscalización del servicio por parte de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la nueva Orden contempla la mejora de la coordinación entre la entidad local y la prestadora por medio de la regulación de la figura de la persona coordinadora. Por otra parte, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la contratación, se especifica que los pliegos deberán contemplar colectivos como las personas ex tuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social, personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social.

Que no se adjudique a la oferta más económica

De esta forma y mediante otro tipo de medidas, se pretende evitar que el enfoque en los procesos de licitación someta a la adjudicación del servicio a la oferta económica más ventajosa. Así, por primera vez, el peso relativo de esta respecto al resto de los criterios de valoración de las propuestas no deberá superar el 45%. Asimismo, se reconoce la potestad de las entidades locales de complementar la financiación del servicio.

La consejera ha explicado que el aumento del precio/hora fijado para el servicio supondrá a su vez un incremento presupuestario de esta partida de 61,5 millones de euros, incluido en el apartado de Dependencia y que "se trata de solo el primer paso para mejorar las condiciones salariales y los derechos de estas profesionales, que han estado en primer línea de la pandemia desde el principio", al tiempo que ha recalcado que también "han estado olvidadas durante más de diez años", en respuesta a las críticas lanzadas por el PSOE que cuestiona la cuantía aplicada a la subida del precio.

Vacunas para las trabajadoras

Otra cuestión que sigue pendiente, pese a los anuncios de la Consejería de Salud, que hace más de dos semanas aseguró que era inminente, es la vacunación de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Según Rocío Ruiz, la llegada de la vacuna de Astrazeneca ha obligado a reorganizar el calendario, ya que esta vacuna no está recomendada para mayores de 65 años, por lo que se aplicará a colectivos menores de 55 años. Ruiz, que no ha avanzado fecha concreta, ha asegurado que las trabajadoras de ayuda a domicilio "serán las próximas en vacunarse".

Visita a la sede de Acpacys

Tras la entrevista con la responsable municipal, la consejera de Igualdad se ha trasladado hasta la sede de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares (Acpacys), donde ha conocido de primera mano el nuevo proyecto interdisciplinar de la entidad para ayudar a las personas afectadas con esta dolencia. Creada en 1979 y con unas 300 familias asociadas, Acpacys ofrece asistencia, rehabilitación, enseñanza, empleo y desarrollo de medidas para el desenvolvimiento en la vida diaria de niños, niñas, adolescentes, personas adultas con parálisis cerebral y personas afectadas con afecciones similares.