El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado hoy que su departamento está estudiando informar favorablemente sobre la puesta en marcha del juzgado de 24 horas de Córdoba durante el año 2018 en la sede de la nueva Ciudad de la Justicia después de haber analizado todos los requisitos necesarios para la apertura de un recurso de estas características.

En este sentido, De Llera ha explicado que la Consejería ha iniciado los trabajos de planificación para que una vez que la Ciudad de la Justicia de Córdoba esté plenamente en marcha, previsiblemente a comienzos de 2018, se pueda acompasar el desarrollo del juzgado de 24 horas con la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial y Fiscal.

El consejero ha explicado que la implantación en el partido judicial de Córdoba del régimen de guardias de 24 horas ha de realizarse con un análisis serio de la realidad y contar con los recursos disponibles para su puesta en marcha. Al respecto, la Junta considera que Córdoba cumple con los requisitos para modificar el servicio de guardia en lo referido a las características propias del partido judicial, al número de órganos judiciales, así como al espacio físico para llevarlo a cabo.

Así las cosas, la nueva infraestructura judicial con la que va a contar Córdoba, con 51.000 metros cuadrados de superficie construida y siete plantas, y que dispondrá de un equipamiento innovador y sostenible, dotado con la última tecnología, va a ser el escenario adecuado para que el juzgado de 24 horas abra sus puertas en el año 2018. La Ciudad de la Justicia cuenta con un espacio independiente, con zonas de descanso incluidas, que permitirá el trabajo diario de dicho juzgado.

Por tanto, la Consejería de Justicia e Interior, que se encuentra en la actualidad trabajando en el diseño de la nueva Oficina Judicial y Fiscal del partido judicial de Córdoba y en la ordenación de recursos humanos y materiales, ha incluido en su planificación la implantación del sistema de guardias de 24 horas.

Todo ello, después de realizar el correspondiente informe favorable previa petición Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que deberá resolver de forma definitiva su puesta en funcionamiento.