La Junta de Andalucía ha destinado un total de 13,6 millones de euros a entidades locales para el tratamiento de familias con menores en situación de riesgo o desprotección, según la orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación publicada este viernes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en la que distribuyen las cantidades a percibir por dichas entidades para la financiación de este programa. De ese total, más 1,3 millones van destinados a la provincia de Córdoba.
Esta cuantía va destinada a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios andaluces que tienen firmados convenios de cooperación para el desarrollo de este programa y que hayan manifestado su voluntad de prorrogarlos, con una vigencia comprendida entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, según ha informado la Junta en una nota.
Por provincias, a Almería se destina un total de 1.129.112 euros; a Cádiz 2.055.246 euros; a Córdoba 1.332.090; a Granada un total de 1.630.228; para Huelva la cantidad asciende a 1.214.741 euros; a Jaén 1.157.655; a Málaga se destina 2.470.733 euros; y a Sevilla un total de 2.641.991 euros.
El programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen esta situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores, con una doble finalidad. Por un lado, preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores, informa Europa Press.
Con este programa se persiguen además varios objetivos como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos evitando cualquier conducta negligente o maltratante, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada y los menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, además de proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
