La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, ha destacado este miércoles las "oportunidades" de negocio que ya ha generado, en parte, la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba en su entorno físico inmediato, y las que se abrirán, aún más, con su puesta en marcha por completo en 2018, cuando en la nueva infraestructura judicial trabajen 665 profesionales y reciba una media diaria de 1.000 usuarios.

En declaraciones a los periodistas, Crespín, tras recordar que será el próximo mayo cuando la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía recepcione la Ciudad de la Justicia de Córdoba, cuyas obras finalizaron el pasado 7 de abril, tras una inversión superior a los 65 millones de euros, ha explicado que "esta obra ha permitido que esa zona de Córdoba", entre Noreña, Arroyo del Moro y Parque Figueroa, "tenga muchas oportunidades y posibilidades", como lo demuestra "la cantidad de negocios y de comercios que se están instalando en aquella zona".

Ello se debe "a que ahí habrá una infraestructura que acogerá a muchos empleados todos los días, y que también recibirá la visita de otra mucha gente", lo cual, según ha argumentado la delegada, supone "un revulsivo económico" y un generador "de oportunidades y de empleo", lo cual satisface al Gobierno de la Junta de Andalucía, "que es el promotor e impulsor" del nuevo equipamiento.

Entre tanto y mientras se produce en mayo la recepción oficial por la Junta de la nueva infraestructura, la Administración autonómica ha licitado la dotación de mobiliario, con un presupuesto de 1,9 millones, y prevé comenzar este verano el traslado de los archivos y, a partir de septiembre, el de los órganos judiciales, fiscales y forenses.

El nuevo equipamiento, pendiente de la revisión de trabajos por parte de la empresa adjudicataria y de la obtención de licencia de primera ocupación, permitirá la unificación de las nueve sedes que componen el Partido Judicial de Córdoba.

La Junta mantiene los plazos previstos, de manera que durante mayo y junio se dotará a la Ciudad de la Justicia del mobiliario, instalaciones y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. El plan de traslados y mudanza se realizará progresivamente hasta enero de 2018, de manera que se afecte lo menos posible a la actividad judicial.

El complejo, que cuenta con una superficie de 51.000 metros cuadrados, se distribuye en siete plantas y se convierte en la tercera Ciudad de la Justicia que entrará en funcionamiento en Andalucía, tras las de Málaga y Almería. Además, es el primer edificio de Córdoba con la máxima catalogación de eficiencia energética.

La nueva sede albergará todos los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, además de la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, con una plantilla total de 665 profesionales y una media diaria de 1.000 usuarios, entre abogados, procuradores, graduados sociales, traductores e intérpretes, peritos, acusados, testigos y agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un 20 por ciento de su superficie se reserva para futuros crecimientos.