La delegada de Salud, María Ángeles Luna, ha presentado hoy el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, una norma que superó el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz y que está siendo ahora analizada por la Comisión de Salud. Según Luna, se trata de un proyecto con el que "la Junta quiere blindar la sanidad pública andaluza". La delegada ha explicado que "se trata de una norma pionera en España con la que la Junta de Andalucía persigue blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables". El objetivo, según Luna, “es proteger el sistema sanitario público ante situaciones de crisis o tentativas de desvirtuar su carácter público, y prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades”.

Así, la delegada ha señalado que la futura Ley “puede ser la base para blindar los derechos y garantías, ya que se vincula con la Constitución española que, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía el cual, en su artículo 22, garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal”. En relación a este fin, la delegada ha recordado que la necesidad de “defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados".

La delegada de Salud denunció que "la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 quebró la universalidad, excluyendo a personas que residen en España de la cobertura sanitaria. Además, supuso la implantación de un régimen extendido de copagos para todos los ciudadanos, y el paso por tanto de un sistema de cobertura universal a un sistema de aseguramiento, lo que supuso un retroceso del sistema sanitario público. Con este real decreto, se han quebrado algunos de los principios que no se habían puesto en cuestión por ningún gobierno, como los recogidos en la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, y de la Ley General de Salud Pública de 4 de octubre de 2011"

María Ángeles Luna precisó que "el proyecto se enmarca en la política de constante refuerzo del sistema sanitario público que la Junta ha mantenido desde la asunción de las competencias de salud en 1984. Para este ejercicio, el presupuesto dedicado a salud alcanza los 9.304 millones de euros, 479,3 más que en ell 2016, lo que supone que 1 de cada 3 euros se destinen a sanidad en las cuentas autonómicas".

Luna resaltó que "este esfuerzo inversor permite situar a la sanidad pública andaluza como un referente nacional e internacional en aspectos asistenciales y de investigación, así como en derechos sanitarios”. La sanidad pública andaluza garantiza, entre otros derechos, la atención bucodental gratuita para menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; el acceso gratuito a medicamentos y productos sanitarios para todos los menores de un año; el examen de salud anual para los mayores de 65 años; la segunda opinión médica; la voluntad vital anticipada, el consejo genético preimplantatorio, entre otros servicios