La Junta, a través de Ordenación del Territorio, ha organizado en Córdoba una jornada para explicar a los alcaldes y técnicos de Urbanismo de los 77 ayuntamientos de la provincia las posibilidades que abre el nuevo decreto a las más de 47.200 viviendas ilegales que hay. El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud, que ha participado en este encuentro, no solo ha aludido a los efectos que tendrá este decreto, sino que ha asegurado que tendrá una consecuencia más, ya que la Junta reforzará la inspección de las viviendas ilegales.
En la jornada, y según el viceconsejero, la Junta ha transmitido a los asistentes que “la aplicación del decreto vendrá acompañada de actuaciones fundamentales”, como la de “reforzar la inspección”, ya que “si se ha llegado a esta situación no solo ha sido por falta de celo por parte de los ayuntamientos, sino porque la Junta ha hecho caso omiso a su obligación y competencia de la labor inspectora”. Por ello, y según ha avisado, “el decreto pretende regularizar y paralelamente advertir que las medidas de inspección se van a reforzar”.
Del decreto el viceconsejero ha destacado que “es un instrumento que, con la colaboración de los ayuntamientos, va a pretender regularizar situaciones hasta ahora comprometidas”, por lo que no es “una amnistía ni encubierta ni no encubierta”. Esa regularización, añade, tiene “una proyección que va más allá”, ya que, además de la dotación de servicios, permite la inscripción en el Registro de la Propiedad, de forma que los titulares de las viviendas pueden transmitirlas a sus herederos. Por tanto, matiza, “no supone la legalización de lo ilegalizable”, por lo que ha dejado claro que “una vivienda que se encuentra en parajes protegidos es ilegal antes del decreto y después” y la que está “en la orilla de un cauce fluvial” es “ilegal antes del decreto y después”.
EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS
Raynaud ha hecho hincapié en el papel que juegan los ayuntamientos en la aplicación del decreto, ya que las declaraciones de Asimilado al Fuera de Ordenación, que permiten la inscripción en el Registro de la Propiedad y los servicios básicos con condiciones, “se dan de oficio” o a petición de los propietarios. Por ello, ha manifestado que el objetivo de la jornada, que se está celebrando también en otras provincias, “es transmitir a los ayuntamientos la voluntad de colaboración”, la “necesidad de ir juntos, de trabajar de la mano, y la puesta a disposición de los mismos de todos los servicios de la consejería”.
Raynaud ha advertido de que el decreto “nace con vocación transitoria y tendrá recorrido hasta la promulgación de la nueva ley del suelo andaluz”, que lo derogará. Sus estimaciones son que el borrador de esa ley esté antes de fin de año. La Junta ha habilitado en su web un apartado para informar sobre la aplicación del decreto, en el que se pueden realizar consultas.
La Junta estima que en Andalucía hay 327.000 viviendas en situación irregular. De ellas, en la provincia hay 47.283, de las que 11.017 se encuentran en Córdoba capital; 16.150 en la Campiña y Subbética (compartidas con Jaén); 2.562 en Montoro; 11.900 en el Guadiato-Pedroches; y 5.654 en la Vega del Guadalquivir (también compartidas con otra provincia).
Raynaud ha destacado el “gran abanico de posibilidades” que proporciona el decreto en cuanto a la urbanización, ya que “abre la posibilidad de colaboración entre los afectados y los ayuntamientos”. En relación a las quejas de los colectivos de parcelistas de la poca incidencia que tendrá el decreto en Córdoba, el director general de Ordenación del Territorio, José María Morente, ha señalado que no cierra puertas porque "se mantienen todas las vías abiertas", la de "la declaración individual de las viviendas que han prescrito, la de los planes especiales de medidas ambientales para una urbanización concreta y la de los planes generales para cuando haya que resolver el problema de incorporación al modelo de ciudad de varias urbanizaciones”.
Además del viceconsejero de Fomento, en la jornada, dirigida también a técnicos de la Diputación, han participado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo; el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez; y la delegada territorial de Fomento, Cristina Casanueva.
REUNIÓN CON EL MOVIMIENTO CIUDADANO
La Junta, Urbanismo y el Consejo del Movimiento Ciudadano han acordado crear tres mesas de trabajo específicas para cada tipo suelo, con la intención de concretar los efectos que tendrá el nuevo decreto en la capital y sacarle el máximo rendimiento. Tras la jornada celebrada entre la Junta y los 77 ayuntamientos de la provincia, ha habido una reunión en la Gerencia de Urbanismo, a la que han asistido distintos colectivos que representan a los parcelistas y que conforman la comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano.
El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha explicado que habrá un grupo de trabajo para suelo urbano, otro para urbanizable y un tercero para no urbanizable y en cada uno “se verá cómo afecta el decreto y qué interpretación del mismo puede dar más juego” para que dé frutos en la capital. Además, el objetivo de esas mesas será determinar qué mejoras se pueden introducir de aquí a la aprobación de la nueva norma en el Parlamento.
En esa reunión ha quedado claro que “el decreto tiene ventajas” pero que “en la capital no son aplicables”, según señala, por lo que deben venir por “una interpretación clara de la norma”. De Gracia asegura que la Junta “acepta que, tal y como está, no es utilizable de forma directa” en la capital.
De Gracia ha expuesto en la reunión “las demandas más urgentes que no pueden esperar a una nueva ley y que el decreto no recoge”. En el suelo urbano, ha insistido en la agilización y mayor flexibilización de los procesos, facilitando la fase de los proyectos de urbanización, donde hay problemas por la exigencia de los avales. En terreno urbanizable, ha pedido que no se quede sin la posibilidad de adelantar servicios al quedar derogada la reforma de la LOUA aprobada hace año y medio. En cuanto al no urbanizable, su demanda es analizar la situación de las viviendas que están en terrenos de especial protección o sometidos a la normativa sectorial, como el entorno de Medina Azahara, del aeropuerto o la Sierra, para que puedan optar a los servicios básicos, ya que son las que tienen más problemas para ello.
A su juicio, la figura que este decreto extiende a todos los casos, el AFO, “solo permite enganches pero no una red de servicios”, por lo que “se queda coja” y “será utilizable solo para peticiones individuales pero no para colectivas” como permitía la reforma de la LOUA del año pasado.
Por su parte, el Ayuntamiento, a través de una nota, ha indicado que la reunión "ha servido para abordar la situación específica de las viviendas en la capital en proceso de regularización y estudiar las soluciones adecuadas que pongan orden en situaciones complejas que se han prolongado en el tiempo". En la reunión ha estado presente el alcalde, José María Bellido; la delegada de Fomento; el viceconsejero de Fomento; y el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, entre otros.
