El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, considera que la Justicia «sigue actuando» en los asuntos de infracciones urbanísticas y no puede esperar ni paralizar procesos a la espera de los cambios que se produzcan en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En una entrevista concedida a Efe, el también miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abogado por «legislar de una forma sostenible» y «regular el suelo para las generaciones futuras».

Sin embargo, los jueces deben limitarse a «hacer cumplir la ley», ya sea desde el punto de vista «administrativo» o «penal», si bien alerta de que «mientras llega la nueva ley» se debe «aplicar la normativa vigente» y cuando se modifique la LOUA «actuar en consecuencia».

POLÉMICAS EN LAS REDES / Por otro lado, cuestionado por los procesos judiciales abiertos en España relacionados con manifestaciones en redes sociales y que afectan a la libertad de expresión, Pareja ha explicado que los derechos fundamentales «no son absolutos» y si colisionan «hay que estudiar cada caso en concreto». Al respecto, considera que ante la colisión de derechos en un caso «hay que buscar el equilibrio» y ha recordado que el límite «depende de cada caso en particular», ya que cada persona, de manera individual, «es quien delimita si se ha sentido vulnerado su honor, su intimidad».

CASO DE POZOBLANCO / Pareja, aunque recordó que los jueces no pueden «hablar de un caso en fase de instrucción», sí se ha referido al caso que instruye un juzgado de Pozoblanco por la supuesta agresión sexual de cuatro miembros del grupo conocido como La Manada a una chica en unas fiestas de la zona. En este caso abierto, tras comprobar el juez que investigó otra supuesta agresión del grupo en los Sanfermines la existencia de una grabación en el móvil en la que se podría apreciar la agresión y que la defensa de los acusados pretende invalidar, Pareja recuerda que en la reforma del Código Penal se incluyó «la casuística relacionada con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación».

Sin embargo, el juez ha apuntado que el artículo 11 de la Ley del Poder Judicial establece que cualquier prueba obtenida de manera ilícita se debe eliminar de un procedimiento, si bien, «no hay que olvidar que nuestra ley procesal está para que no queden impunes hechos delictivos».

DELINCUENTES, NO POLÍTICOS / Capítulo aparte, el juez decano de Córdoba rechazó que la Justicia haya «judicializado» la política y subrayó que los jueces «judicializamos a presuntos delincuentes y no a políticos».

En sus declaraciones, Pareja afirma que en cualquier proceso judicial «se están garantizado los derechos de los investigados y de los ciudadanos y de la sociedad».

Cuestionado sobre el caso de la Fundación Guadalquivir, en el que se investigan supuestas mordidas a trabajadores de la asociación afín al PSOE de Córdoba, el juez insistió en que la ley le prohíbe «radicalmente valorar cualquier caso que esté en fase de investigación», ya que puede «dar al traste con el trabajo realizado», sin que ello contravenga la libertad de prensa.