El juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, ha resaltado hoy que la Justicia "sigue actuando" en los asuntos de infracciones urbanísticas y no puede esperar ni paralizar procesos a la espera de los cambios que se produzcan en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En una entrevista con Efe, el también miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abogado por "legislar de una forma sostenible" y "regular el suelo para las generaciones futuras".
Sin embargo, los jueces deben limitarse a "hacer cumplir la ley", ya sea desde el punto de vista "administrativo" o "penal", si bien ha alertad de que "mientras llega la nueva ley" se debe "aplicar la normativa vigente" y cuando se modifique la LOUA "actuar en consecuencia".
Por otro lado, cuestionado por los procesos judiciales abiertos en España relacionados con manifestaciones en redes sociales y que afectan a la libertad de expresión, Pareja ha explicado que los derechos fundamentales "no son absolutos" y si colisionan "hay que estudiar cada caso en concreto".
Ha explicado que ante la colisión de derechos en un caso "hay que buscar el equilibrio" y ha recordado que el límite "depende de cada caso en particular", ya que cada persona, de manera individual, "es quien delimita si se ha sentido vulnerado su honor, su intimidad".
No obstante, es el juez "con la diligencia, competencia y conocimiento de la ley" quien determina qué derecho prevalece sobre el otro, ha subrayado Pareja, quien ha puesto de manifiesto que la ley procesal "cada vez está más perfeccionada", aunque "a veces hay que sacrificar parte de un derecho fundamental para que se cumpla otro".
Pareja, quien ha enfatizado que los jueces no pueden "hablar de un caso en fase de instrucción", sí se ha referido al caso que instruye un juzgado de Pozoblanco por la supuesta agresión sexual de cuatro miembros del grupo conocido como "La Manada" a una chica en unas fiestas de la zona.
Caso abierto tras comprobar el juez que investigó otra supuesta agresión del grupo en los Sanfermines la existencia de una grabación en el móvil en la que se podría apreciar la agresión y que la defensa de los acusados pretende invalidar.
En este sentido, Pareja ha recordado que en la reforma del Código Penal 2015 se incluyó "la casuística relacionada con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación".
Sin embargo, el juez ha apuntado que el artículo 11 de la Ley del Poder Judicial establece que cualquier prueba obtenida de manera ilícita se debe eliminar de un procedimiento, si bien, "no hay que olvidar que nuestra ley procesal está para que no queden impunes hechos delictivos".
El juez también ha reconocido que las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden propiciar la aparición de nuevos delitos y se ha referido a casos concretos relacionados con la violencia de género.
"Cuando se rompe una relación, es natural que el dejado intente que no se rompa la relación por medio de mensajes. Cuando las personas se vuelven obsesivas y no paran de perseguir a la otra persona intentando doblegar su voluntad podemos estar ante un delito de coacciones", ha resaltado el juez.
