El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha archivado la denuncia presentada por CTA contra el exconcejal del PP Rafael Navas por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos para el espectáculo de agua, luz y sonido. El sindicato achacaba a Navas que, en su calidad de concejal delegado de Promoción, Desarrollo y Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, los había fraccionado intencionadamente en tres contratos menores o prórrogas, obviando así los requisitos generales de contratación administrativa.

Según el auto del juez, Navas dio en su declaración como investigado una «explicación satisfactoria de este proceder», argumentando que las prórrogas respondían «a razones de urgencia y necesidad» para «dar continuidad al servicio» y «evitar que hubiera un vacío». Además, según señala el magistrado en su auto, «gozaban del amparo de los informes de valoración y previo asesoramiento y propuesta de la Dirección General».

Así, el titular del juzgado de Instrucción número 6 considera en su resolución que «no se puede achacar» delito de prevaricación administrativa a Navas y que «no se ha demostrado que hubiera un móvil espurio». «No se advierte una intención en el denunciado de favorecer a una empresa determinada, con la que no tiene relación alguna, ni un propósito deliberado de eludir la contratación pública, ya que se estaba tramitando paralelamente, pero con mayor lentitud, el procedimiento adecuado», señala el auto. Además, añade que los ingresos «revertían en las arcas del Ayuntamiento y, por lo tanto, no ha supuesto daño para el erario público», por lo que «carece de fundamento alguno» la imputación del malversación de caudales públicos. Así las cosas, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.

Tras conocer la decisión del juez, Navas declaró a este periódico que se encuentra «igual de tranquilo que el primer día y que esto ratifica que las cosas estaban bien hechas y en beneficio de la ciudad». También puso de manifiesto que la denuncia de CTA «no ha respondido al interés general de la ciudad, ni del Ayuntamiento, sino a otros intereses que tendrán que explicar quienes la han movido». De su lado, CTA anunció que recurrirá la decisión del juez ante la Audiencia Provincial.