El sector de la justicia sigue en pie de guerra. Si hace unos días jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, procuradores y demás funcionarios aunaban fuerzas para exigir a la Junta un compromiso en firme con la apertura del juzgado de guardia 24 horas en Córdoba, una reivindicación histórica y una promesa de la administración autonómica, todos los estamentos volvieron a reunirse ayer ante la puerta de la Audiencia para mostrar su rechazo unánime al plan establecido por el Consejo General del Poder Judicial para la puesta en marcha desde ayer de los juzgados especializados en cláusulas suelo. Y es que de especializados parece que tienen poco, a juzgar por los escasos medios con los que el Gobierno central pretende que echen a andar.

Las cuatro asociaciones judiciales, con Miguel Ángel Pareja, juez decano de Córdoba, como portavoz, dieron lectura un comunicado en el que la judicatura critica duramente la precipitación para la puesta en marcha de este servicio, rechaza que sean jueces sin experiencia quienes asuman estas tareas y exigen recursos materiales y humanos para evitar que la avalancha de demandas de cláusulas suelo que se espera no estén abocadas a caer en un cajón. Tal y como se ha planteado, los jueces tienen «la plena seguridad» de que «la medida adoptada está abocada al fracaso, ya que se pretende centralizar en un solo órgano judicial el conocimiento de todos los procedimientos judiciales sin dotar simultáneamente a los mismos de los medios personales y materiales necesarios, lo que se suma a la ya precaria situación en la que se encuentran los órganos judiciales afectados». La junta de personal de justicia también arremetió contra las pretensiones del CGPJ criticando que «el premio que se da a un juzgado como el de Primera Instancia número 9, que tiene las mejores estadísticas de la provincia, es cargarlo de más trabajo sin refuerzo alguno».

Según explicaron, la idea es que un juzgado, en este caso el de Primera Instancia número 9, asuma todas las demandas por cláusulas abusivas junto al resto de asuntos habituales sin contar con más funcionariado. El único personal extra será un juez en prácticas. En opinión de todas las partes afectadas, esta medida solo beneficiará a los bancos porque producirá el colapso judicial y hará que las demandas se eternicen sin respuesta en los juzgados por lo que «serán los ciudadanos quienes se vean perjudicados». Los jueces criticaron además que la medida se haya aprobado de forma «totalmente unilateral, contra la opinión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las distintas juntas de jueces y de la opinión contraria de los colegios de Abogados y Procuradores».

La comunidad andaluza será la más perjudicada porque actualmente ya es la que presenta mayor número de asuntos por juez.

Mientras la Junta de Andalucía insiste en que acata la ley y que no va a ser «insumisa», el Consejo General de la Abogacía Española anunció ayer en Granada que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de crear 54 juzgados uniprovinciales para gestionar en exclusiva las reclamaciones por las cláusulas suelo.

La Abogacía considera que «el acuerdo del CGPJ infringe el ordenamiento jurídico y comportará graves problemas sociales» al tratarse de «una medida que agrava el problema que trata de solucionar» y advierten que «muchos de los juzgados designados no tienen capacidad para absorber las demandas, por lo que los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable».