Las vueltas que da la vida. Dos horas antes del inicio del consejo rector de Urbanismo, el presidente de la Gerencia, Pedro García, mantenía su discurso de los últimos días intacto, criticando la mala memoria de los grupos municipales y defendiendo la conveniencia de suspender cautelarmente las licencias para cambiar los usos de las viviendas en el centro. «Votan en el Pleno a favor de la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch) y ahora empiezan los debates», se quejaba, asegurando categóricamente la existencia de un «consenso social» sobre la necesidad de acometer medidas de este tipo para evitar la gentrificación (fenómeno de expulsión de los vecinos del casco histórico por la subida de precio de los alquileres y las molestias generadas por la actividad descontrolada).

Dos horas después, él mismo se veía obligado a retirar su propuesta y desligar la innovación del Pepch de la suspensión durante un año de las licencias que expide Urbanismo para el cambio de uso de viviendas en el centro. Son las cosas del consenso, o de la falta de él. Y es que, si bien todo el mundo parece convencido de la necesidad de proteger el casco histórico y la actividad turística como la joya de la corona de la economía cordobesa, desde el respeto a la convivencia vecinal, aún no existe una visión unánime sobre cómo hacerlo.

Antes de conocerse que el globo de las licencias se había pinchado, todos los grupos de la oposición, incluido uno de los socios del gobierno municipal, Ganemos, habían mostrado abiertamente sus discrepancias con esta medida. El portavoz del PP, Salvador Fuentes, aseguró que suspender las licencias sería como «intentar matar una mosca a cañonazos y cerrar de golpe cualquier posibilidad de actividad en Córdoba». Según dijo Fuentes, se trataría de «una huida hacia adelante», por lo que su grupo planteó en el consejo rector «dejar esa idea encima de la mesa». Esa propuesta acabaría saliendo adelante con el respaldo de Ganemos y Ciudadanos. Fuentes también criticó que antes de censurar la actividad turística, el gobierno local «no haya desarrollado una política de turismo ni de revitalización del casco histórico, ni tomado medidas para ampliar y expandir la oferta cultural fuera del entorno de la Mezquita». También cuestionó que se diera un giro de tal calibre «sin plantearlo en el seno del Imtur o hablarlo con el Colegio de Arquitectos». Los grupos municipales de Ciudadanos y UCOR mostraron igualmente su rechazo a la suspensión cautelar de licencias. David Dorado (Cs) anunció su voto en contra de la modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico porque «las medidas planteadas por Urbanismo solo servirán para incrementar el desempleo», abogando por limitar las licencias a las viviendas turísticas, pero no a los hoteles y a los apartamentos turísticos «que son los que crean empleo de calidad», señaló. Por su parte, Rafael Serrano (UCOR), rechazó la propuesta al considerar que «tal restricción frenaría toda la inversión turística que tanta falta hace en Córdoba», criticando que no se hayan implantado otras medidas para frenar la vivienda turística ilegal en lugar de «demonizar a los empresarios».

Ganemos ya mostró sus dudas a la restricción de los permisos, dudas que el PSOE expresó tras el consejo rector. Emilio Aumente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, explicó que la postura socialista, que no llegó a votarse en el consejo rector de Urbanismo al salir adelante la del PP, iba a ser la de desligar la cuestión de la suspensión cautelar de licencias en el centro» de la innovación del Pepch. «Lo importante es iniciar el acuerdo de formulación de innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico e iniciar los trabajos», que en su opinión podrían culminar a final de año, y después «ya se verá si hay que suspender licencias o no». En opinión de Aumente, «no está claro que deba hacerse porque esta medida podría ser arbitraria y generar inseguridad jurídica».

Tras dejar la cuestión «sobre la mesa», el consejo rector de Urbanismo celebrará mañana viernes una sesión extraordinaria que intentará buscar «un consenso o mayoría amplia» para aprobar un nuevo texto en el que se defina «claramente» qué se pretende con la innovación del Pepch. Cabe recordar que PSOE e IU no tienen mayoría en la Gerencia Municipal de Urbanismo, por lo que están obligados de algún modo a consensuar las medidas con el resto de grupos.