El PP pidió ayer la paralización cautelar del tanatorio del cementerio de San Rafael a la luz de un informe de la Intervención municipal que pone en duda el proyecto. La interventora sostiene, por un lado, que la puesta en marcha de este servicio no puede comprometer la sostenibilidad de las arcas públicas ni de la propia Cecosam, y por otro, que la aportación de ayudas municipales podría ser incompatible con la concurrencia empresarial. La interventora advierte de que al tratarse de un sector liberalizado, debe valorarse si la ayuda del Ayuntamiento a Cecosam resultaría ser «una ayuda prohibida e incompatible». También, considera que si la empresa municipal está «en desequilibrio presupuestario» no cumpliría con los criterios exigidos por la ley para la puesta en marcha de un nuevo servicio público.

Los concejales populares Salvador Fuentes y Luis Martín acusaron ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y a la presidenta de Cecosam, Mar Téllez, de ocultar este informe «relevante» de la interventora de fecha 23 de enero, algo que consideran «un atropello de la ley». Por ello, el PP avanzó que si se confirma la presidenta de la empresa municipal o el gerente de Cecosam tenían el informe que cuestiona la viabilidad del tanatorio pedirán el cese de ambos responsables.

Fuentes considera que la actuación del equipo de gobierno «no es una chapuza», sino «una actuación deliberada que está poniendo en peligro las reglas de juego y la libre competencia de un sector» y lamentó que se hayan invertido ya 115.000 euros en la redacción del proyecto arquitectónico, a cargo del arquitecto Rafael Castelló.

El PP sostiene que la construcción del tanatorio incumple normas del ámbito normativo (el PGOU) y supone en el ámbito mercantil una competencia desleal para el sector. Además considera que tampoco se ha hecho bien en el plano administrativo, ya que debería haber sido el pleno el que iniciase este expediente, después de confirmar que la apertura de un tanatorio no genera riesgo para la estabilidad y la sostenibilidad del Ayuntamiento, entre otras cuestiones.

El concejal de Ucor, Rafael Carlos Serrano, también lamentó ayer que se oculten informes y exigió todas las aclaraciones sobre esta infraestructura.