Los inspectores de Hacienda citados como peritos en el juicio al empresario y exconcejal de UCOR Rafael Gómez y sus cuatro hijos por fraude fiscal señalaron ayer al primero por un reparto «encubierto» de dividendos. Según expusieron, entre los años 2003 al 2006, la familia hacía «importantes retiradas» de dinero en efectivo y a final del ejercicio se saldaban «disfrazándolas» con operaciones de venta de terrenos o títulos al mismo grupo.

El fiscal sostiene en su acusación que Gómez y sus hijos retiraron en efectivo de diversas cuentas bancarias unos 60 millones de euros -«habitualmente en billetes de 500 euros»- para «consumo», según manifestaron. La consecuencia, sin embargo, era un «empobrecimiento financiero» del grupo de empresas, apunta el ministerio público. Los inspectores de Hacienda resaltaron que esta mecánica era una «política constante» y que la forma de saldar esas deudas era «vendiendo activos a las sociedades». Los peritos propuestos por las acusaciones mantuvieron que «lo que podía haber detrás era un reparto de dividendos encubierto».

El fiscal señala, por ejemplo, que el 31 de diciembre del 2004, la entidad Mezquita Sur Inversiones, en la que Gómez y su esposa ostentaban una participación social, adquirió la finca La Porrada al matrimonio. El precio de venta pactado fue de 18,5 millones, pero Hacienda la valoró en unos 11, por lo que los inspectores resaltaron que, además, hubo «sobreprecio». Con esta mecánica, «la finca no sale del grupo, lo que sale es el dinero», apuntaron. La defensa, de su lado, incidió en que los técnicos que hicieron la valoración no visitaron la finca, por lo que debe ser considerada nula.

CONDUCTAS DEFRAUDATORIAS // Al igual que en las anteriores sesiones del juicio, los peritos de las acusaciones insistieron en que al analizar el conjunto de las operaciones intragrupo «se pone de manifiesto una y otra vez» el «desorden y confusión» patrimonial y contable existente en las empresas de la familia Gómez. Y como ya aseguraron, «un conjunto de conductas tendentes a la defraudación tributaria». En este sentido, ayer destacaron la «pluralidad de sociedades» y que «choca» que algunas «hacen lo mismo». Por eso uno de los inspectores afirmó que «no tiene lógica económica». Los peritos de la defensa, en cambio, calificaron esta perspectiva global de «absolutamente improcedente» y de «juicio de intenciones» decir que crear más sociedades tenía un ánimo defraudatorio. «Estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión», llegó a lamentar uno de ellos.

Tras la celebración ayer de la sexta sesión del juicio -tercera con los peritos-, hoy será el turno de los informes y conclusiones finales. Después de que el ministerio fiscal retirase el lunes la acusación por un delito, Rafael Gómez se enfrenta a penas que suman 40 años de prisión por diez delitos contra la Hacienda Pública. Sus cuatro hijos, a 19 años y tres meses cada uno por otros siete. El fiscal cifra el supuesto fraude en casi 53 millones de euros.