Córdoba es una de las provincias andaluzas en las que se detectan menos infracciones de economía irregular, aunque eso no significa que sea menor su peso en la actividad productiva de Córdoba. Así lo advierten las organizaciones sindicales, que consideran que es insuficiente el número de inspectores en la Inspección de Trabajo y exigen un mayor incremento de la plantilla al advertir que esta práctica irregular está muy extendida. Solo en los últimos cinco años, la Inspección de Trabajo ha detectado 3.639 infracciones en Córdoba por valor de 12,5 millones de euros por falta de inscripción en la Seguridad Social, cobro de prestaciones o en materia de extranjería. Desde el 2013, la labor de la Inspección ha permitido regularizar 6.967 empleos en Córdoba de trabajadores que no estaban dados de alta, a lo que hay que unir 56 infracciones por permisos de trabajo de extranjeros. La mayor parte de las infracciones en Córdoba se ha dado en irregularidades en prestaciones de la Seguridad Social, seguida de los casos en los que no estaba dada de alta la persona (1.446).

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso en marcha a partir del año 2012 un plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Solo durante el pasado año, el empleo aflorado en España ascendió a 86.988 trabajadores, detectando irregularidad en el 26,4% de las inspecciones que llevó a cabo, que ascendieron a 154.147. Asimismo, detectó 3.553 infracciones de empresas por prestaciones por desempleo y 5.064 infracciones de trabajadores. En su labor, la Inspección anuló 3.417 altas de empresas ficticias.

VALORACIÓN SINDICAL / El secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, considera que la economía sumergida es «algo endémico» en Córdoba, en sectores como «la hostelería, la joyería y otras actividades». Palomares considera que la relación entre consumo e ingresos «no cuadra en Córdoba». El representante de UGT advierte de que la economía sumergida está provocando una desregulación del mercado de trabajo y una competencia desleal. «Los empresarios deberían ser los primeros interesados en advertir de esta situación por la competencia desleal que se produce», añade Palomares. En este sentido, reclama un reforzamiento de la plantilla de la Inspección de Trabajo para perseguir «la precarización de las condiciones laborales que está provocando la economía irregular».

Por su parte, la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, advierte de que «el miedo es la mejor arma que tienen los malos empresarios para normalizar el abuso laboral». Marina Borrego cree que la situación se agrava por la estructura productiva: «Hay dependencia de sectores con un marcado carácter estacional, como es el caso del sector servicios o la agricultura, y el predominio de las microempresas y pymes, en donde la presencia sindical es menor y, por tanto, el trabajador está más desprotegido frente a prácticas fraudulentas». Además, advierte de la falta de medios de la Inspección.