La labor realizada en Córdoba por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a la imposición de sanciones que superan los 3,5 millones de euros, así como a la detección de 3.166 trabajadores afectados por los incumplimientos normativos que han salido a la luz. La contratación irregular, la aparición de empleos que no están registrados o los accidentes laborales son algunas de las materias en las que se centra el trabajo de la Inspección, que ha sumado 15.673 actuaciones en toda la provincia. En estas se han puesto de relieve 1.377 infracciones y requerimientos a la Administración.

En esta línea, el informe anual publicado recientemente (relativo al ejercicio 2016) apunta a un aumento del 20% en el número de infracciones respecto al año anterior, aunque la cuantía de las multas fue entonces más elevada, de 3,7 millones de euros, y también la cifra de personas perjudicadas, que fueron 3.285.

La mayoría de las actas de infracción se han contabilizado en materia de Seguridad Social (884) y se sitúan a bastante distancia otros ámbitos como el de las relaciones laborales (100); la seguridad y la salud en el trabajo (80); las que han sido levantadas por obstrucción (22) y las que se enmarcan en empleo y extranjería (14). El mismo documento detalla la labor desarrollada en economía irregular, donde el importe de las infracciones ha sumado 1,9 millones de euros. En este apartado se incluye la regularización de 1.407 empleos que no estaban de alta en la Seguridad Social, un 12% más en tasa interanual.

valoración sindical / Consultados por el control del cumplimiento de la normativa laboral que realiza la Administración, los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Manuel Torres, y UGT, Jaime Sarmiento, coinciden en destacar la escasez de medios con los que cuenta la Inspección de Trabajo y la necesidad de que haga un mayor hincapié en determinadas áreas.

En esta línea, los datos sobre la plantilla ponen de relieve que al cierre del 2016 Córdoba tenía 27 profesionales (uno menos que el año anterior), entre los que se incluyen cinco inspectores, un dato que es el más bajo de toda la comunidad autónoma, y 15 subinspectores, una cifra por la que ocupa el quinto puesto en el ránking regional.

Manuel Torres afirma que, además de atender las denuncias sindicales, existen dos materias, «que son el fraude en la contratación y los accidentes laborales, a las que nos gustaría que se le dedicaran más medios». A estas añade «la transformación de puestos estructurales de las empresas en autónomos dependientes». De su parte, Jaime Sarmiento señala que entre los trabajadores «hay cierto malestar o desconfianza» respecto a la Inspección, a la que «le faltan medios personales y técnicos». También apunta la prevención de riesgos, los horarios laborales o el cumplimiento de los convenios colectivos como ámbitos en los que habría que aumentar la vigilancia. H