Los edificios centenarios y protegidos contarán con una nueva prórroga para pasar la revisión. El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado posponer hasta el 28 de junio del 2018 la fecha tope para que los bloques y casas de más de cien años, los bienes declarados BIC y los inmuebles que se encuentran en su entorno. Todos ellos disponían de plazo hasta el 31 de diciembre del 2015, pero este fue prorrogado hasta final del 2016. Ahora Urbanismo ha decidido aplazar de nuevo el chequeo obligatorio adaptándolo a la normativa estatal y mientras elabora la nueva ordenanza de inspección, que ya anunció hace un año. También se amplía hasta junio del 2018 el plazo de la inspección para los edificios construidos entre 1913 y 1937, que disponían de tiempo hasta diciembre del 2016, así como los edificados entre 1938 y 1962, que disponían hasta final de este año.
La inspección tiene una larga andadura, ya que se implantó en el 2009, pero solo para la Axerquía Norte y con plazos que acababan en el 2012. Después, hubo una modificación mediante la que se amplió el ámbito de actuación a toda la ciudad y se fijaron nuevos plazos que acababan en el 2015. La entrada en vigor de la ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación obligó a introducir nuevos cambios, aprobados por el Pleno en el 2014. Desde entonces, los edificios centenarios y protegidos disponían hasta diciembre del 2015 para someterse al chequeo; los construidos entre 1913 y 1937, hasta el 2016; los edificados entre 1938 y 1962, hasta 2017; los de 1963, hasta 2018; y los de 1964, hasta 2019.
Por otro lado, el consejo ha aprobado de forma inicial la innovación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico que permite flexibilizar el régimen legal de fuera de ordenación en el casco histórico, de forma que el expediente entrará en exposición pública. El problema que tienen las edificaciones que están fuera de ordenación en el casco es que tienen prohibidas las obras de reforma, consolidación y mantenimiento que aumenten su volumen. Sin embargo, Urbanismo es consciente de que la mayoría de las construcciones son anteriores a la existencia de planeamiento (el primer PGOU es de 1958), se caracterizan por su heterogeneidad, y se topan con la rigidez de la normativa en patios y estructuración de la vivienda, por lo que ve bien que se aplique el mismo tratamiento para el fuera de ordenación en el centro que en el resto del área urbana.
El consejo ha dado luz verde a una nueva cesión de la parcela del plan Renfe en la que hay previsto un centro deportivo y de ocio. El año pasado, el TSJA declaró nulo el acuerdo de enero del 2013 mediante el que el organismo municipal cedió a Nuovit un solar ubicado en el plan Renfe -a las espaldas de la estación de autobuses- para construir un centro deportivo y de ocio por la fórmula de concesión usada, al igual que ocurrió con el solar del hospital de Averroes en El Tablero. A raíz de eso, Urbanismo ha decidido convertir el otorgamiento de un derecho de superficie, que es lo que se había hecho, en una concesión administrativa.
El consejo ha acordado sacar a la venta seis parcelas en San Rafael de la Albaida para construir viviendas unifamiliares. Las parcelas tienen entre 70 y 105 metros y precios que oscilan entre los 48.000 y 91.000 euros. En el consejo se ha decidido exigir la licencia de obras al comprador en el plazo de tres años en vez de dos y el inicio de la construcción en cinco años en vez de en cuatro.
También ha salido adelante el convenio que Urbanismo firmará con la empresa AVRA de la Junta para mejorar la urbanización y las viviendas de la plaza Pico Mulhacén, en Las Palmeras. Urbanismo redacta el proyecto de urbanización y colabora con AVRA en la dirección de las obras. Los trabajos consistirán en la construcción de rampas de acceso a las viviendas, una nueva red de saneamiento y pluviales, la mejora del alumbrado público, la plantación de árboles, la instalación de riego y la reparación de pavimento.
El consejo acordó también aceptar el acuerdo de valoración de una parcela expropiada para la ronda Oeste, cuyo coste ha quedado fijado en 1,1 millones, y el pago de un millón de euros al propietario. Lo curioso de esta expropiación es que se arrastra desde 1999.
