Las insolvencias punibles, los delitos relacionados con la contratación pública y las subvenciones y los delitos ecológicos son las infracciones más comunes cometidas por las pequeñas y medianas empresas españolas (pymes), según ha indicado hoy la subsecretaria de Estado de Justicia, Aúrea Roldán.
Roldán ha inaugurado hoy junto al presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, el I "Congreso Nacional Prevención de Delitos e Insolvencia en la Pyme", que se celebra hasta mañana en Córdoba, y en el que medio centenar de ponentes va a analizar el impacto de la reforma del Código Penal sobre las pequeñas y medianas empresas, que ahora responden jurídicamente por los delitos cometidos.
A este respecto, la subsecretaria de Estado ha apuntado que la última reforma del Código Penal del 2015 tiene por finalidad dar operatividad al principio de que las propias empresas tengan responsabilidad jurídica, y no sólo sus administradores, ante posibles delitos.
"Hay que tener en cuenta que no sólo hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también las leyes de transparencia y buen gobierno de las administraciones públicas, porque son las dos partes del mismo negocio", ha indicado.
A su juicio, la nueva legislación tiene penas y sanciones, pero su objetivo es incentivar las buenas prácticas, de tal modo que si una empresa aplica un programa de gestión y supervisión, en el caso de que un empleado cometa un delito, este tipo de programas serán un factor de atenuación de la pena.
Ha añadido que la nueva ley es "un cambio cultural" para las empresas, que ya ha sido refrendado por dos sentencias del Tribunal Supremo, y "solo pretende establecer reglas claras y seguras para las empresas y un marco de confianza para los inversores".
En cualquier caso, ha aclarado que hay "un régimen diferenciado porque no se puede cargar con las mismas obligaciones a una multinacional y a una pyme", que además, al contrario que en otros países de Europa, son el porcentaje más alto del tejido empresarial.
En este sentido, Juan Pablo Durán ha afirmado que las pymes son "el auténtico motor de la economía andaluza y española", que, con la nueva legislación, no sólo tienen que preocuparse por facturar, sino también por factores como "la transparencia y las buenas prácticas".
Durán ha indicado que hoy en día es vital "anticiparse a las consecuencias de que se pueda incurrir en un acto delictivo", por lo que ha animado a las pymes españolas a desarrollar programas propios de buenas prácticas que las enmarque en un contexto reglado, y las haga atractivas ante posibles inversores.
A este respecto, el abogado y economista Pedro Martín ha manifestado que hay que crear algo que el derecho anglosajón ya tiene que es la prevención de delitos penales, y para ello ve necesario llegar a crear departamentos para ello, porque "dan la garantía de que todo lo que se está haciendo hacia terceros es de buena fe".
Estos programas deben estar actualizados, e ir incorporando cualquier delito nuevo que se incluya en el Código penal.
"Al final es seguridad jurídica para la empresa, seguridad jurídica para el administrador, y seguridad jurídica para que la pyme española, que pretende salir fuera, esté tranquila porque lo que está haciendo dentro está en perfectas condiciones", ha concluido Martín.
El Congreso contará con más de 50 ponentes y colaboradores que desarrollarán distintas áreas del derecho como el magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Maza Martín, el fiscal del TS Manuel Jesús Dolz Lago, el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro Miranda, o el magistrado Eloy Velasco, entre otros. EFE
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