La Fiscalía de Córdoba aborda cada año un millar de casos de supervisión de ingresos involuntarios de personas mayores en residencias, según la estimación realizada por el fiscal responsable de este y otros colectivos, Fernando Santos Urbaneja. Explica que, en la actualidad, el control de estas entradas copa la atención del juzgado y del ministerio público en los mayores, y estima que el número de asuntos ha crecido en torno a un 25% en la última década.
Santos Urbaneja justifica esta evolución destacando que «cada vez hay más ingresos» y detallando que «hoy en día, casi todos los que entran en una residencia, son gravemente afectados, ya no tienen capacidad para decidir, con lo cual, ese ingreso es involuntario y el control judicial se limita a verificar si ha sido por causa sociosanitaria». De este modo, añade que se suelen aprobar el 99% de los casos una vez que el médico forense confirma que la persona no tiene capacidad para decidir, mientras que el 1% restante se corresponde a aquellos en los que sí se aprecia la facultad de decidir, por lo que se les permite hacerlo.
Poderes preventivos, "a miles"
Junto a estas situaciones, el fiscal subraya la llegada de demandas de incapacitación y puntualiza que siete de cada diez de las que reciben son relativas a mayores. Cada año se registran en torno a 130 en la capital (en este colectivo) y cabe reseñar el descenso de en torno a un 25% experimentado en la última década, de acuerdo con sus cifras. Acerca de esta tendencia, apunta la incidencia del uso de los poderes preventivos, asegurando que se están realizando «a miles» y que «después de la penicilina, no creo que haya nada mejor», bromea.
Fernando Santos Urbaneja comenta que esta figura está regulada en el Código Civil desde el año 2003 y solo hay que acudir al notario para designar un apoderado. Además, sobre la fórmula que se puede emplear para hacerlo, cita a modo de ejemplo la designación como apoderada de una hija «para todos aquellos negocios en los que se cuestione mi capacidad para decidir».
En su opinión, «el índice de acierto es mucho mayor», porque en la Justicia «no tenemos una bola de cristal, todos se nos presentan como los mejores tutores». Así, señala que «los casos de abusos de poder son mínimos, porque normalmente sabes a quién has elegido y el elegido es leal, mientras que en un procedimiento judicial a veces acabas en otra parte».
Salud, dinero y amor
Fernando Santos Urbaneja clasifica a los mayores en tres grupos atendiendo a las variables de la salud, la situación económica y su grado de soledad o acompañamiento, y establece distintos tipos de abusos para cada uno de ellos. El primero está conformado por aquellos que lo tienen todo, en los que, según indica, se da el fenómeno social del «abuelo esclavo» por la dedicación que tienen a sus nietos. En el segundo grupo están aquellos mayores que tienen una nota regular en las variables citadas y que, según su análisis, pueden ser víctimas de estafas por prestadores de servicios y de expolios patrimoniales de familiares. En el último están quienes tienen mal resultado en salud, dinero y amor, sobre los que añade que pueden sufrir problemas con la higiene y prestaciones sanitarias, así como maltrato entendido como explosiones del cuidador informal desbordado.
A este último caso suma el de los malos tratos «más bien difusos» en residencias, definiéndolo como «mal ambiente». Santos Urbaneja admite que «no hay muchas actuaciones en Córdoba», pero afirma que «sí que vemos el panorama de reducir costes», apuntando la relación entre el ahorro económico y la pérdida de calidad del servicio. En cualquier caso, hace hincapié en que «desde Fiscalía, ahí no podemos hacer anda, ahí funciona el servicio de inspección» de la Junta.
