El primer Congreso de la Abogacía independiente concluyó ayer en Córdoba con la constitución de la Red de Abogadas y Abogados para responder a los retos del sector, defender a sus profesionales y proponer reformas con las que mejorar el servicio a la ciudadanía. El evento, celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, registró la asistencia de unos 400 profesionales llegados desde diferentes ciudades españolas y contó con una declaración final leída por el abogado José Muelas quien, según lo anunciado al cierre de esta edición, será la cabeza visible del citado colectivo.

El documento, al que tuvo acceso este periódico, recoge que los abogados reunidos en la ciudad entienden «que no se encuentran debidamente representados y que no hallan cauces de expresión suficientes ante la abogacía institucional», por lo que debatieron y aprobaron más de 40 ponencias en las que, en términos generales, recogieron distintas inquietudes.

«TRATO DIGNO» / Entre otros aspectos, el primer punto de esta declaración final destaca que la Mutualidad de la Abogacía «no resuelve correctamente los problemas graves a los que una abogada o un abogado se puede enfrentar». Por otra parte, en referencia al turno de oficio señala que «no existe ni un trato digno ni una retribución justa para quienes destinan su tiempo y labor profesional a atender a los más necesitados». A esta se añade otra de las cuestiones más demandadas por estos profesionales, que es la conciliación de las vidas laboral y familiar. Así, el texto indica que «es necesaria una norma que reconozca y recoja los supuestos de conciliación de las abogadas y abogados, y que suponga la plena equiparación de sus derechos con las demás trabajadoras y trabajadores».

Además, solicita una normativa que establezca las condiciones del mercado de los servicios jurídicos «para evitar la precarización y que asegure al justiciable la cualificación de los prestadores del servicio», un tema en el que alude a la regulación de otros miembros de la UE.

Los abogados asistentes al congreso también demandan la colaboración «con una Justicia eficaz» y reivindican «sensibilidad frente a los problemas a los que se enfrenta la abogacía en el siglo XXI». En esta línea, indican que el sector no debe ser ajeno a cuestiones como la igualdad; la desprotección de los vulnerables; los problemas medioambientales y aquellos generados a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la bioética. La declaración finaliza con propuestas de trabajo para avanzar en estos aspectos.