El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha tenido que ampliar por segunda vez la prórroga del contrato de las salas de barrio, al no haber logrado redactar durante el verano el nuevo pliego para la explotación de estos polideportivos municipales. «La prioridad ha sido garantizar la continuidad del servicio, por eso prorrogamos», explican fuentes del Imdeco, toda vez que no podrán sacar a licitación y adjudicar un nuevo contrato.

La moratoria actual expira el 30 de septiembre y corresponde al contrato de explotación que está en vigencia desde junio del 2018. Dicho contrato venció a finales de junio, pero era ampliable otros tres meses más (julio, agosto y septiembre), que son los que ahora expiran. La segunda prórroga afecta a siete instalaciones deportivas: las salas de barrio de Margaritas, Fátima, El Naranjo, Valdeolleros, Ciudad Jardín y Guadalquivir y las pistas de tenis y pádel del Santuario.

Desde las salas de barrio lamentan la precariedad que afecta a su día a día, a la hora, por ejemplo, de no poder cobrar ni informar sobre los servicios a partir de octubre, pese a estar en plena campaña de inscripciones de la nueva temporada.

El Imdeco ha tomado esta decisión después de que no haya sido posible redactar los nuevos pliegos durante estos meses de verano, que coinciden ya con el tiempo en el que Cs tomó las riendas de la Delegación de Deportes.

Así las cosas se ha iniciado el expediente para prorrogar la prórroga algo que, con total seguridad, no pasará los controles de la Intervención municipal, que reparará el procedimiento. En cualquier caso, dicho reparo podrá ser levantado por Alcaldía sin mayor dificultad y, de manera paralela, el Imdeco empezará a elaborar el pliego definitivo. Ese nuevo contrato incluirá a la sala de barrio de Alcolea, que hasta ahora no estaba, y tendrá duración de un año, prorrogable un año más (la misma que decidió la anterior Corporación).

Como «el objetivo es no perder la prestación del servicio» de los polideportivos municipales, el Imdeco rechaza de momento cambiar el modelo de gestión que se implantó el año pasado, después de que el Tribunal de Cuentas pusiese en duda cómo se estaban haciendo las cosas en estos espacios. Sin embargo, una vez que entre en vigor el contrato de un año, se estudiará la situación de cada una de las salas «y se verá si fuera necesario introducir cambios en el modelo de explotación», dicen fuentes de Cs.