Las huelgas son como las manifestaciones: nadie se pone de acuerdo nunca en las cifras de seguimiento. El paro de ayer, que convocó el sindicato CTA en el Ayuntamiento y que no secundó ningún otro sindicato, no es una excepción a este axioma, y mientras que Recursos Humanos cifraba el seguimiento en un 16%, los convocantes lo elevaban al 40%. El secretario provincial de CTA, Francisco Moro, valoró de forma positiva el apoyo a la huelga y matizó que ha sido secundado por «el 40% de los que trabajan en ese turno», entre las 10.30 y las 15 horas, «que son la mayoría».

Las cifras dadas por Recursos Humanos, por su parte, fueron de un 16% de seguimiento en la plantilla municipal en general (estaban convocados empleados laborales y funcionarios de todos los departamentos), si bien esa cifra ascendía a un 27% entre el personal de Infraestructuras. En un comunicado, Recursos Humanos comparaba el seguimiento de esta huelga parcial, con los datos de la anterior convocatoria de huelga, el 14 de junio del 2017, que suscribieron CTA y CGT y secundaron entonces un 23,7% de la plantilla, siete puntos más que la de ayer, informó el Consistorio.

Algo menos de un centenar de empleados que secundaron la huelga se concentraron a las puertas de Capitulares en torno a las 11 de la mañana para protestar por la política de «privatizaciones» del gobierno municipal, en especial en la Delegación de Infraestructuras. Después de una breve marcha por el centro, algunos de los concentrados subieron a la primera planta de Capitulares, donde está el salón de plenos, cuyas puertas estaban ya cerradas al público porque se había producido el desalojo de los Tanatorios. Por eso, pidieron a gritos y a través de la puerta la dimisión de la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, a la que acusaron de tratar de privatizar la delegación. CTA ha ido muy crítica con la comisión de Infraestructuras (cuyo dictamen aún no se ha elevado al pleno), que ha propuesto que parte del mantenimiento de parques y jardines se encomiende a la empresa Sadeco. El sindicato considera que este mecanismo será «un chiringuito», mientras que el gobierno local sostiene que es una buena solución para no privatizar.