La situación económica por la que estaba atravesando Francisco José L.M. le llevó en la mañana de ayer a arrojarse por el balcón del piso en el que vivía, una cuarta planta de un edificio de la barriada de Lepanto de la capital cordobesa, después de que hace meses perdiera la casa que construyó con sus propias manos en Villafranca.

Después de llevar a su hija de ocho años al colegio, y cuando su mujer había salido, este hombre de 36 años se subió a la baranda de la terraza y amenazó hasta en tres ocasiones con arrojarse al vacío. Aunque varios viandantes intentaron disuadirlo, sobre las 9.45 horas cumplió su amenaza y se lanzó; cayó de cabeza y falleció el acto. No dio tiempo a que llegaran los servicios de asistencia médica --que solo pudieron certificar la muerte-- ni la Policía ni los bomberos.

El detonante de este drama podría encontrarse en una notificación de Hacienda en la que se le reclamaban 400 euros por el incremento patrimonial que había registrado después de que firmara un acuerdo con una entidad bancaria --considerado a efectos fiscales como una compraventa-- "para una dación en pago que era mentira, una estafa, porque seguía debiendo 25.000 euros", según señaló Rafael Carmona, portavoz de la plataforma Stop Desahucios, colectivo en el que estaba integrado Francisco desde hacía tiempo.

Según algunas fuentes, llevaba en su mano la notificación de la Agencia Tributaria cuando impactó contra el suelo. La víctima, que recibía tratamiento psicólogico, ya protagonizó un intento de suicidio cuando perdió su vivienda y se clavó un cuchillo en el cuello frente a una oficina del banco.

Para construir la casa --que hipotecó con una entidad-- solicitó a otro banco un préstamo a fin de comprar los materiales, pero se quedó sin trabajo y ya no pudo hacer frente a las cuotas de ninguno de las dos créditos. Además, la casa de sus padres y las de sus suegros figuraban como avales en las operaciones de préstamos.

EN EL PARO El piso que ocupaba junto a su mujer --también en el paro-- y su hija era alquilado y pagaba las mensualidades gracias a una subvención. Hace unos días la plataforma consiguió que se le renovara la paga social de los 426 euros.

"Estaba en un callejón sin salida", comentó Carmona, ya que "le pusieron pegas para acceder a la ayuda social". Según algunos vecinos --que ayer colocaron flores y velas en el lugar donde cayó--, esta familia recibía alimentos que le proporcionaban Cáritas y la parroquia.

Francisco "fue uno de los primeros que asistió la plataforma", añadió el abogado Manuel Delgado, que asesora a este colectivo. Stop Desahucios se concentró por la tarde en el bulevar del Gran Capitán.