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JUAN CALVO-RUBIO / fiscal jefe

"Hay que animar a los que tienen conocimiento de un hecho delictivo a que lo denuncien"

 

El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio. -

Isabel Leña Isabel Leña
09/04/2018

El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, considera que en diez años lo que ha cambiado es que «vamos teniendo un cuerpo de doctrina, el Tribunal Supremo se va pronunciando y ya ha habido varias sentencias» y, a partir de ahora, tras la modificación del régimen de recursos, «habrá más». Calvo-Rubio explica que el problema ha sido que «en los juzgados estamos ante unos delitos nuevos», que aparecían por primera vez en el Código Penal de 1995, y que «los tribunales son reticentes a aplicar porque el derecho penal siempre es el último reducto», y «estamos hablando de un tema que parte del derecho administrativo». Por ello, hasta llegar a ese cuerpo de doctrina consolidado «nos encontramos con situaciones como la de echar una casa abajo y construir una portátil». «Hasta que no se pronuncia el Supremo sobre lo que entendemos por construcción y se produce la modificación del Código Penal del 2010 de incluirla, y no solo la edificación en el terreno no urbanizable», no «nos da la posibilidad de que entendamos que una casa portátil también puede ser delictiva, salvo que no tenga anclaje ni vocación de permanencia», aclara.

El fiscal jefe también detecta «disminución de la construcción como consecuencia de la crisis», por lo que, «conforme vayamos saliendo de la misma, lo normal es que aumente, salvo que empecemos con otra presión, y ahí tienen mucho que decir los cuerpos policiales». En este sentido, asegura que la Fiscalía mantiene contactos con ellos para que «les quede claro cómo tienen que actuar cuando se encuentren con construcciones que se están iniciando». El fin es «que se dé una respuesta inmediata al inicio de la construcción y no se espere» para evitar que llegue a la Fiscalía «cuando está construida».

Juan Calvo-Rubio anima «a las personas que tienen conocimiento de un hecho delictivo a que lo denuncien, y si no encuentran respuesta en la administración local, que acudan a la Fiscalía, a la que se puede remitir cualquier tipo de denuncia, que investigará».

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