¿Ha muerto el tanatorio?

Esta semana se ha producido un hecho decisivo que ha interrupido los planes del equipo de gobierno: la suspensión temporal de la licencia urbanística para su construcción. Una medida cautelar que había solicitado el demandante, Tanatorios de Córdoba, la principal empresa privada del sector funerario de la capital, que se opone a la construcción de un nuevo tanatorio público, al igual que los tres partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y UCOR), y que ha llevado la cuestión a los tribunales. El juez, que no entra de momento en el fondo (esto es, si es legal o no el tanatorio), ha ponderado que el perjuicio para las arcas públicas que se ocasione con este parón cautelar, será inferior al que se produciría si hubiese que demoler el inmueble una vez construido.

La construcción de un segundo tanatorio público en un entorno mucho más cómodo para la ciudadanía es un empeño del PSOE, el partido encargado de la gestión de la empresa pública de cementerios (Cecosam) desde 2015, pero no una idea original de esta formación. El primero que planteó la infraestructura fue el PP durante el mandato de José Antonio Nieto. Se barajó entonces hacer un tanatorio en el cementerio de San Rafael con 5 salas y una sola planta. Hay que recordar que la gravedad financiera por la que atravesó Cecosam en el anterior mandato fue tal que se amagó con su cierre y con la privatización de algunos de sus servicios. En ese contexto nace la idea. En 2015, ya con el PSOE al frente de la entidad pero con un presupuesto aún del PP, la empresa cerró de nuevo con déficit y en 2016 Hacienda exigió que se saneara o que se disolviese, una circunstancia que se pudo sortear gracias a las inyecciones municipales de capital y al plan de corrección de desequilibrios, al que se habían sometido tanto Aucorsa como Cecosam desde febrero del 2014.

En este contexto, el grupo socialista rescató la idea de la construcción de un segundo tanatorio, que pudiera fortalecer la empresa de cementerios. El portavoz del PP, José María Bellido, respondió con un argumento sencillo: «Para salvar Cecosam se van a cargar empresas privadas».

Tomando cuerpo

Desde 2017 la iniciativa ha ido tomando cuerpo, pese a la férrea y movilizada oposición de Tanatorios de Córdoba. En febrero del 2018 se presentó el proyecto arquitectónico (licitado por 115.000 euros), que firma Rafael Castelló y que prevé la construcción de 1.750 metros cuadrados, en una zona que ahora es almacén del camposanto. El diseño nunca incluyó crematorio (aunque se especuló con ello) y sí siete salas de velatorio; una sala de preparación y despedida; una sala funeraria, para la adquisición de lápidas y floristería; una cafetería; un salón de despedida multiusos con capacidad para 150 personas; una zona ajardinada, así como zonas comunes. Cecosam instalaría allí sus oficinas centrales.

Además del proyecto arquitectónico, Cecosam encargó un plan de viabilidad para analizar la futura actividad, que determinó una previsión de ingresos de más de dos millones de euros libres de impuestos en la primera década de su puesta en marcha.

Por último, contó con los parabienes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en manos de IU. Los socios de gobierno agilizaron este trámite, que fue solicitado en febrero y concedido en agosto, después de que los técnicos de la GMU determinasen que la obra no es contraria al PGOU. La premura en la concesión del permiso fue criticada en el plano político y cuestionada desde el punto de vista administrativo por quienes se oponen al tanatorio, que ven en el proceso un rosario de «irregularidades».

Según las estimaciones, el tanatorio costará 1,7 millones de euros y para su financiación, el consejo de administración de Cecosam aprobó en septiembre la solicitud de un préstamo de 1,81 millones de euros, aunque no se ha llegado a firmar.

Por contra, la Intervención elaboró un duro informe en marzo del 2018 en el que sostenía, por un lado, que la puesta en marcha de este servicio no puede comprometer la sostenibilidad de las arcas públicas ni de la propia Cecosam, y por otro, que la aportación de ayudas municipales podría ser incompatible con la concurrencia empresarial. La interventora advirtió de que al tratarse de un sector liberalizado, debía valorarse si la ayuda del Ayuntamiento a Cecosam resultaría ser «una ayuda prohibida e incompatible». La interventora ha solicitado numerosa documentación al gobierno local, que aún no ha sido satisfecha.

Qué dicen los que dicen no

En líneas generales, la oposición al tanatorio gira en torno a tres argumentos: uno urbanístico, otro de competencia y un tercero de impacto laboral. Francisco Enríquez, presidente de Tanatorios de Córdoba, en unas jornadas que CECO dedicó a hablar de este tema, aseguró que su puesta en marcha supondría dejar al 60% de su empresa, con 80 empleos directos y 100 indirectos, sin trabajo.

Las críticas urbanísticas defienden que la ordenación es «tajante» al establecer que los tanatorios solo se pueden construir en «suelo no urbanizable» y que no se podría hacer en San Rafael porque «se encuentra dentro del casco urbano y carece de las distancias mínimas a viviendas para su ampliación». Desde el punto de vista de la competencia, como explicó el catedrático de Derecho Administrativo, Manuel Rebollo, los tanatorios no son un servicio público, sino una actividad empresarial y para que el Ayuntamiento la realizara tendría que contar con la aprobación del pleno y además no recibir privilegios ni ayudas municipales para «no violar la ley de libre competencia». Quienes defienden esta idea dicen, por contra, que habrá un tanatorio en un lugar céntrico, accesible y con precios públicos, y que todo es conforme a la ley.