Nunca las cifras evidenciaron tanto el enfrentamiento entre dos estamentos. Desde que el nuevo gobierno andaluz tomó posesión de la cartera de Educación, las matemáticas se han convertido en arma arrojadiza entre sindicatos y oposición, de forma que rara vez cuadran los números oficiales con los que manejan los sindicatos o la oposición.
Por más que los resultados de las huelgas nunca sean del agrado de todos, la huelga convocada ayer por la Plataforma en Defensa de la Educación pública elevó a la máxima potencia el desacuerdo entre los sindicatos y la Administración, empezando por las cifras de seguimiento que, en la provincia de Córdoba, oscilaron entre el 60-70% estimado por los sindicatos (y un 80% del alumnado) y el cálculo de la Delegación Provincial, que lo redujo al 9,3%. Ni siquiera en el número de profesores se pusieron de acuerdo. De unos 13.000 docentes llamados a secundar la huelga según los sindicatos, a 9.700 según la Junta. Parece que unos incluyen a los interinos y los otros, no.
Los datos definitivos aportados por la Consejería de Educación elevaron al 12,1% el seguimiento del profesorado en centros públicos, la mayoría (17,8%) en centros de Infantil y Primaria), frente a un 7,5% de profesores de Secundaria y casi un 6% de docentes en Enseñanzas de Régimen Especial y Centros de Adultos.
La manifestación, que recorrió el centro de Córdoba sin incidentes hasta llegar a la Delegación Provincial de Educación, donde se leyó un comunicado conjunto de todos los estamentos convocantes (representantes de alumnado, profesorado, personal laboral y funcionario no docente), fue lo único en lo que las cifras se parecieron más a la realidad, aunque en este caso no fue la Consejería de Educación la que ofreció la cifra oficial sino la Policía Nacional y la Local, que cuantificaron la asistencia en torno a 5.000 personas, frente a las 6.000 que calcularon los organizadores. El desacuerdo en los números viene de largo. Ya a principios de curso, el anuncio del Gobierno autonómico sobre el aumento de profesores en 150 respecto al curso pasado generó una controversia, con las fuerzas sindicales hablando de «cifras falseadas» porque el supuesto aumento solo se había producido en Secundaria, mientras las bolsas de Infantil y Primaria, afectadas por el descenso de alumnos, estaban «paradas».
Recursos y monitores
Mientras los sindicatos se quejaban por la falta de recursos para el alumnado con necesidades especiales y los interinos hacían presión por la necesidad de más monitores de audición y lenguaje o pedagogía terapéutica en un contexto escolar con un aumento importante del número de alumnos con dictámenes específicos, la Junta reiteraba en cada comunicado la inversión «récord» de la educación pública andaluza para el curso presente, con un aumento de «más de 200 millones de euros respecto al curso anterior», y una plantilla docente reforzada en Andalucía con 750 profesores y el mantenimiento de «muchas más unidades de las que corresponderían» teniendo en cuenta la pérdida de unos 13.000 alumnos en toda la comunidad.
La ratio escolar también fue motivo de dimes y diretes en el mes de septiembre. Unos días después de que la Consejería de Educación anunciara que, aprovechando el descenso de la natalidad, se reduciría la ratio para el curso escolar 2019/2020 de Infantil y Primaria a unos 20 alumnos por aula en Educación Infantil y en 21 alumnos en Educación Primaria, la oposición y los sindicatos le exigían plasmar esto en una ley (el consejero dijo que se vería más adelante), al tiempo que le recordaban la pérdida de 57 líneas educativas en la provincia este curso (120 en los dos últimos años) y la existencia en muchos centros de la capital de aulas con más de 25 alumnos.
El decreto
La última guerrilla de números ha surgido a raíz de la presentación del decreto de escolarización y la publicación del nuevo mapa escolar, en torno a las unidades de la concertada. Mientras la Junta de Andalucía asegura que no han aumentado las unidades de la concertada, los sindicatos, el Frente Estudiantil y los padres afirman que «el truco» está en que mientras se cierran líneas de la pública se mantienen en la concertada, lo que va mermando poco a poco la cifra total a favor de unos y en detrimento de otros. Una práctica, por otro lado, que atendiendo a las cifras (120 unidades cerradas en dos años) no es nueva de este curso sino que se viene consolidando desde que la pérdida de natalidad empezó a hacerse patente en las aulas.
Más allá de las cifras, el cocktail de reproches de ida y vuelta lanzados entre las partes se completa con otros conceptos maleables como la libre elección de centro, que según la Junta «refuerza el nuevo decreto», mientras los opositores al mismo recuerdan que «ya el curso pasado más del 95% de los padres tuvieron plaza en el centro elegido en primera opción»; o el concepto demanda social, que ha hecho que en todas las áreas de influencia se incluya un centro concertado.
Libre elección vs privatización
Lo que para unos es «una forma de dar más opciones a los padres para que escojan el centro que quieran», para los otros no es más que un intento de «privatizar la educación y potenciar la concertada». El consenso también ha sido objeto de discusión. Mientras la Junta abandera el término como base del decreto, los sindicatos afirman que se ha elaborado de espalda a la comunidad educativa y exigen su derogación y una mesa de negociación.
Por último, el concepto de subsidiariedad enfrenta a los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos, ya que ninguno quiere ser subsidiario del otro y aunque los centros públicos siguen siendo mayoritarios, los sindicatos afirman que, de continuar la tendencia, acabarán por ser en muchas zonas subsidiarios de la concertada. Superada la huelga, ahora toca lidiar con estas cifras y la pregunta del millón. ¿Y ahora qué?
