Los beneficios fiscales de unas comunidades respecto a otras, pero también la exención de las donaciones de padres a hijos o el trato favorable en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se han convertido en suficientes atractivos para que un número importante de empresas y grandes patrimonios de Córdoba y del resto de Andalucía hayan optado por "emigrar" a otras autonomías. Un reciente estudio de Axesor situaba a Andalucía como la tercera región, tras Cataluña y Valencia, que había perdido más empresas al trasladarse a Madrid desde el año 2010. Así, este informe recogía que 763 andaluzas decidieron trasladar su domicilio social a Madrid de las 4.954 firmas españoles que también tomaron esta decisión en este periodo.

Detrás se encuentran las políticas del gobierno presidido por Ignacio González, que ha optado por las rebajas de impuestos y la reducción de trabas para captar nuevos negocios. El profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, Javier Martín, reconoce que la fiscalidad es uno de los factores que determinan la localización de empresas, aunque también existen otros aspectos como las infraestructuras o el clima de negocios. "Madrid juega con una fiscalidad muy favorable", afirma Martín al destacar las ventajas que para esta comunidad significa el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que suponen la "exención de las donaciones de padres a hijos". A esto hay que unir también la inaplicación del Impuesto sobre el Patrimonio. "Ambas medidas son un estímulo muy relevante para la atracción de grandes patrimonios", añade el profesor cordobés.

Javier Martín pone otro ejemplo. Así, la rebaja del IRPF adoptada por la comunidad de Madrid permite que para las rentas más altas el diferencial de gravamen entre Madrid y Andalucía alcance en 4,5 puntos (del 25,5% al 21%) de marginal máximo en el tramo autonómico, lo que supone una "cantidad nada desdeñable".

No obstante, reconoce que no es fácil la deslocalización de pequeñas empresas, que son la mayoría en Córdoba, además del coste que supone el traslado. "Lo que sí parece seguro es que, para las empresas de nueva creación o de implantación en España, la fiscalidad de Madrid sí puede ser un elemento de atracción de inversiones frente a Andalucía", reconoce.

Fernando Lara, profesor del área de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba (UCO), considera que existe una incidencia importante en la marcha de grandes patrimonios por la diferente fiscalidad entre unas comunidades y otras. "En Andalucía influye la fiscalidad. Donde existe una mayor carga tributaria se produce una huida", indica Lara. En el caso de los grandes patrimonios, el profesor de la UCO reconoce que las diferencias entre comunidades "generan efectos perversos porque son ingresos para unas autonomías y pérdidas para otras".

Esta pérdida de empresas y de grandes patrimonios en Córdoba por el diferencial en la fiscalidad la viene advirtiendo el presidente de CECO, Luis Carreto, que considera que en los últimos tres años se ha producido una acentuación de este fenómeno. "Por la calle te cruzas con muchos empresarios que tienen su actividad en Córdoba, pero están empadronados en Madrid. Es muy triste, pero es así", explica Carreto. Incluso, advierte de que el Gobierno andaluz "no es consciente de lo que está pasando".

El presidente de la patronal piensa que con el nuevo anuncio de rebaja de tipos impositivos en Madrid, "algunos empresarios que estaban dudando, no van a dudar ahora". En el lado opuesto sitúa Carreto a Prasa: "Mientras que algunas empresas se han marchado, Prasa ha aguantado y continúa en Córdoba". Es lo que ha sucedido, según señala, con grandes patrimonios de agricultores que buscaban jubilarse y ceder la explotación a sus hijos pero no lo hacían por lo que suponía de carga. "Muchos han optado por marcharse a comunidades como Madrid", puntualiza.

DE TODOS LOS SECTORES Frente a la falta de datos concretos, el presidente de los empresarios cordobeses explica que la marcha de sociedades no hay que vincularla a un único sector, sino que se trata de firmas de distintas actividades económicas, desde la construcción a los servicios o la agricultura. "La cifra es alta e importante. Son buenas empresas, que tributan bien, pero que han optado por lugares más favorables. A esto hay que unir también el empadronamiento en otras comunidades de altos directivos y funcionarios o miembros de consejos de administración", añade.

El problema es que "la brecha fiscal sigue creciendo" y "esto se ha convertido en una guerra autonómica".