El empresario y exoncejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez no ha ingresado, por el momento, en prisión para cumplir una de las penas que se le impusieron al ser condenado a cinco años y tres meses de cárcel, y a una multa de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública.

Fuentes consultadas indican que, pese a que ayer finalizó el plazo para su entrada voluntaria, no ha ingresado en centro penitenciario porque ha solicitado una nueva prórroga y está a la espera de que el juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba se pronuncie sobre la petición. En los últimos días, tanto este juzgado como otros órganos han realizado su traslado a la nueva Ciudad de la Justicia y distintas fuentes apuntaron ayer que, por ahora, no tienen conocimiento de que se haya tramitado la nueva solicitud de aplazamiento.

Una vez que se reciba, el juez solicitará informes al fiscal y a la abogada del Estado antes de pronunciarse y, según se ha avanzado, podría tardar unos días en hacerlo. En cualquier caso, parece que la nueva prórroga no tendría la misma duración que la que acaba de disfrutar, que fue concedida por 20 días, sino que podría constar de solo unos días. En caso de que la respuesta fuese negativa, tendría que entrar de inmediato en prisión.

Esta nueva situación llega después de que la semana pasada se conociera que el empresario ha solicitado su indulto ante el Ministerio de Justicia. De este modo, se trata de una nueva iniciativa que se añade al recurso de amparo planteado ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de octubre y sobre el que todavía no ha trascendido si ha sido admitido a trámite. Si lo fuese, este tribunal podría tardar en torno a un año en resolver si anula la sentencia que condenó a Rafael Gómez.