Los concejales Alba Doblas (IU) y Emilio Aumente (PSOE) ya han expresado su primera reivindicación al Gobierno que lidere Pedro Sánchez en breve: la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que puso en marcha el PP en 2013 y la eliminación de la regla de gasto, prevista en la ley de estabilidad presupuestaria. Ambas leyes han obligado a las administraciones a contener el gasto y volver al equilibrio presupuestario, pero han sido muy cuestionadas por lo que afectan a la autonomía municipal, sobre todo en cuestiones relativas al personal.
El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, ha afirmado que la ley de racionalización es "un dogal" para los ayuntamientos y la responsable de haberlos llevado a "una situación límite" sobre todo en cuestión de re rusos humanos, al impedir la contratación de trabajadores para cubrir las jubilaciones y bajas definitivas (con las limitaciones a la llamada tasa de reposición). La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, ha recordado, por su parte, que la derogación de estas normas es una reivindicación tanto de la Federación Española de Municipios de Córdoba (FEMP), como de la andaluza (FAMP), formada por representantes municipales de todo el arco político, incluido el PP.
