La cuarta teniente de alcalde y delegada de Hacienda y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas (IU), ha manifestado este miércoles que "no es de extrañar que aparezcan sospechas" sobre el contrato del alumbrado público para adjudicarlo a una empresa por el anterior gobierno municipal del PP, en un proceso en el que hay una supuesta vinculación de contactos con una entidad de la operación Púnica.
En una rueda de prensa, la concejal ha subrayado que sobre dicho contrato el equipo de gobierno actual de PSOE e IU ha tenido "muchas prevenciones desde un principio", de manera que "desde el minuto cero hemos manifestado nuestra preocupación por cómo se había llevado a cabo una privatización del servicio de alumbrado público", ha advertido.
Por tanto, defiende que "esto viene a corroborar la prevención que mantenía el equipo de gobierno, que suspendió la privatización y el contrato nada más llegar", a lo que añade que "esto es consecuencia de la privatización de los servicios públicos", porque, a su juicio, "la palabra público en boca del PP chirría, no suena bien, y esa privatización de servicios públicos evidentemente supone la atracción de toda una fauna de empresas buitres que aparecen en otras tramas".
No obstante, destaca que "hay que tener prudencia ahora mismo, porque las informaciones que se tienen son realmente escasas", aunque aclara que dicha "prudencia no es incompatible con la prevención, que ya manifestamos desde el principio en relación con el alumbrado público".
Mientras, cree que el anterior alcalde, el popular José Antonio Nieto, "tendrá que dar las explicaciones oportunas en sede judicial si se las piden y si hay cualquier otra sospecha", pero resalta que "ahora mismo las explicaciones que ha dado sobre el contrato de privatización de la luz están ahí, igual que las explicaciones del anterior equipo de gobierno".
PETICIÓN SINDICAL
Entretanto, la sección sindical de CTA en el Ayuntamiento exige a la actual corporación municipal que se abra una investigación interna de carácter administrativo, en la que además de participar los grupos políticos participen las secciones sindicales del Consistorio, por "tener un interés legitimo en dicha causa".
Asimismo, CTA pide en una nota que el gobierno local "tenga decisión en abordar la presunta corrupción y en investigarla", además de tener "la transparencia y seriedad que requiere el asunto", puesto que "los trabajadores y los ciudadanos no pueden ser tratados como ignorantes y que se oculten asuntos de esta trascendencia", ha defendido el sindicato.
