El Gobierno de Pedro Sánchez garantizó ayer en Córdoba su «compromiso firme» en el proceso iniciado para la exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de la Salud está garantizado, a pesar de que el PP y Vox hayan firmado, como parte del acuerdo para el cambio de Gobierno en Andalucía, el impulso de una ley de concordia en sustitución de la actual ley de memoria democrática. El compromiso del Ejecutivo socialista llegó ayer a través del director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez, que visitó al equipo científico que ha iniciado las catas arqueológicas en la capital cordobesa, acompañado por el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez, y la delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, entre otras autoridades, después de reunirse con la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, en la Subdelegación del Gobierno para abordar la continuidad de las labores.
El mensaje del director de Memoria fue claro: «Es un compromiso firme por parte de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de apoyar la exhumación en cualquier caso». En la misma línea que avanzara ayer la alcaldesa de Córdoba, Martínez advirtió que «si alguien hace relegación de los compromisos con las exhumaciones, el Ministerio de Justicia y el Gobierno van a estar apoyando sistemáticamente las exhumaciones».
Para Fernando Martínez, con las exhumaciones de las fosas estamos hablando de «una cuestión de dignidad nacional democrática» y recordó que la ley de Memoria Histórica debe cumplirse «en todos los rincones de la geografía española», incluida Andalucía, aunque en esta comunidad se aprobase la nueva ley de concordia que han acordado impulsar PP y Vox.
El director general de Memoria Histórica informó de que han llegado a un acuerdo con los representantes la Junta de Andalucía que han estado apoyando este proceso hasta ahora y que les han hecho entrega de «una amplísima información» de las tareas pendientes en Andalucía. Asimismo ha explicado que la idea es conveniar el plan estatal de exhumaciones con las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, que «son claves en el proceso», dado que «la mayoría de las fosas comunes están en los cementerios municipales».
En su opinión, «no hay que situar esto en el marco de la confrontación política, sino en el marco estricto de la defensa de los derechos humanos, porque se produjeron violaciones de los derechos humanos».
LA FINANCIACIÓN / En cuanto a la financiación de las exhumaciones, aludió a los convenios con las administraciones, y aseguró que en el supuesto de que haya una dejación, «evidentemente el compromiso es el plan de exhumaciones y que la fosa de Córdoba se contemple como elemento prioritario».
En esta línea, aseguró que habrá presupuesto para poder hacer el plan, al tiempo que destacó que ayer se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Consejo de Ministros y que incluyen una partida para la memoria histórica. Fernando Martínez advirtió de que «el Gobierno de Rajoy no derogó la ley, pero sí lo hizo de facto, poniendo cero euros a su presupuesto». Pese a ello, «se ha intentado sacar dinero de remanentes», de forma que “la actuación en el cementerio de Córdoba es fruto de un contrato menor logrado por el Ministerio de Justicia y gracias a ello se realiza esta fase de trabajos», indicó, si bien insistió en que debe ser el Estado, «que no solo es la Administración central, sino también las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones, el que lleve a cabo el plan estatal de fosas para 2019».
