El Gobierno le ha dado al Ayuntamiento de Córdoba un mes de plazo para que elimine la reducción de la jornada laboral de los empleados municipales a 35 horas, que acordó recientemente. En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, requiere al equipo de gobierno que en el plazo de un mes, a contar desde el recibimiento de la carta, «se proceda a anular» el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con fecha 11 de noviembre en lo referente a medidas para la conciliación laboral y familiar y la recuperación de derechos de los empleados municipales. Dicha resolución acordaba, con carácter general y cualquiera que sea la distribución de la jornada ordinaria o normal de trabajo, entrar 15 minutos después y salir 15 minutos antes.

El gobierno municipal, por su parte, ha indicado a este periódico que van a estudiar la resolución y van a explorar otras opciones antes de tomar una decisión definitiva.

La Subdelegación del Gobierno estima que a la vista de la documentación aportada por el Ayuntamiento se entiende que la medida adoptada «no se articula como una flexibilidad horaria, sino que computa dentro de la jornada laboral de 37 horas y 30 minutos, lo que en la práctica, implica reconocer a los empleados municipales una jornada de 35 horas». En este sentido, continúa diciendo la resolución, se vulnera la normativa estatal de carácter básico y se considera que las administraciones locales no son competentes para dictar normas relativas a las jornadas de los empleados públicos, algo que es competencia plena de la Administración General del Estado.

Esta carta no es una sorpresa para el Ayuntamiento de Córdoba ya que el mismo subdelegado del Gobierno fue quien anunció a mediados de noviembre, después del acuerdo de Pleno, que pediría un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el recorte de media jornada diaria a los empleados municipales hasta las 35 horas semanales se ajustaba a la legalidad.

PSOE --que propuso la moción en Córdoba, ya que han abanderado esta cuestión a nivel nacional-- e IU consiguieron sacar adelante en el Pleno de noviembre esta medida con el apoyo de Ganemos y la abstención del resto de grupos municipales.

CUESTIONADA POR LAVELA // La medida, que entró en vigor el 1 de enero en el Ayuntamiento aunque no se había aplicado aún en algunas empresas municipales como Aucorsa, ni a departamentos como el de Bomberos, fue puesta en duda en el mismo Pleno de su aprobación por el secretario municipal, Valeriano Lavela, que cuestionó tanto el fondo como la forma de la cuestión, ya que indicó que su aprobación debía haberla adoptado la Junta de Gobierno Local. De hecho, Lavela llegó a pedir que se retirara el asunto para pedir un informe jurídico sobre la causa, y ese fue el argumento usado por la oposición para argumentar su abstención.