Tras las jornadas de paros celebradas los días 24 y 26 de octubre, los funcionarios de prisiones vuelven a movilizarse durante este fin de semana en una huelga de cuatro días, durará hasta el martes, convocada en los 84 centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En el caso de la cárcel de Córdoba, fuentes sindicales aseguran que el seguimiento está siendo masivo. La protesta de los funcionarios ha provocado retenciones durante toda esta mañana en la carretera CO-3105, que lleva desde la autovía A-4 a la prisión y que sigue hasta la barriada de Alcolea.

Unos 6.500 trabajadores de instituciones penitenciarias en Andalucía están llamados a la huelga. Los sindicatos CSIF, UGT, Acaip y CCOO han informado en un comunicado conjunto que las instituciones penitenciarias y sus profesionales llevan "más de diez años padeciendo el olvido de la administración" y que las consecuencias son "el deterioro de un servicio público esencial".

Asimismo, han lamentado que "más de 3.500 vacantes" a nivel nacional "no se han cubierto de un total de 23.000 empleados penitenciarios", asegurando que "la ratio en el área de vigilancia puede llegar a un funcionario por cada 144 internos".

"La Oferta de Empleo Público (OEP) de este año tiene previsto cubrir 911 plazas, ni una tercera parte de las necesarias y esto supone un riesgo no solo para los funcionarios, sino también para los internos que no ven garantizada su seguridad", han explicado los sindicatos.

Funcionarios a la entrada de la prisión de Córdoba, esta madrugada, en las primeras horas de la huelga. Foto: CÓRDOBA

Además, han criticado que los funcionarios "no cuentan en su uniforme con esposas, porra, ni mucho menos pistola eléctrica" porque sólo cuentan con "unos guantes de jardinero y un bolígrafo y ninguno ha recibido formación continua en defensa personal ni artes marciales". "Somos personas normales, una gran parte licenciados en disciplinas que poco o nada tienen que ver con este trabajo", han apostillado.

Igualmente, han añadido que los trabajadores de estas instituciones son "el último eslabón en la cadena de justicia", tras la detención por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional, y enjuiciamiento, por los tribunales competentes, es el turno de los empleados de prisiones "la recuperación para la sociedad de aquellas personas que no están preparadas para vivir en libertad según jueces y tribunales".

"Nuestra labor no acaba aquí, hemos sido pieza fundamental en la investigación, seguimiento y control de terroristas de ETA y ahora de yihadistas", han subrayado.

Además, la plataforma ha resaltado que une "en un hecho sin precedentes" a todos los sindicatos con representatividad en prisiones y ha recordado que el 25 de septiembre recibió una propuesta de mejora salarial y laboral por parte del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, que "se acercaba a nuestras pretensiones".

"Una propuesta que suponía una subida salarial lineal de unos 300 euros en tres años para todos los trabajadores penitenciarios, lo que supondría un gasto a cargo del Estado de unos 123 millones de euros al año", ha explicado, indicando que suponía además "el compromiso de un concurso anual y una OEP suficiente de acuerdo a las necesidades existentes".

Sin embargo, el día 28 del mismo mes, esta propuesta "es retirada bajo el argumento de que Función Pública no aprobaba este gasto". "Incomprensiblemente al día siguiente, este gobierno a través de Hacienda, el mismo órgano que no aprueba nuestra mejora salarial, paga la deuda histórica que Cataluña tenía con los Mossos de Escuadra, que asciende a un total de 700 millones de euros", ha asegurado la plataforma.

Por último, los sindicatos han asegurado que de no ser atendidas sus reivindicaciones, se dará "un paso más" y se convocará una "huelga indefinida".