El presidente de la empresa municipal Vimcorsa, Salvador Fuentes, advirtió ayer que no le «temblará la mano» con los inquilinos «tóxicos» que ocupen viviendas públicas y sean «un problema para la comunidad y el vecindario». Fuentes explicó que de las casi mil viviendas que conforman el parque público de alquiler de Vimcorsa, en la mitad de ellas hay inquilinos que no están pagando la renta mensual. No obstante, ese medio millar de inquilinos no preocupan a Fuentes, sino «el reducido número que son tóxicos», porque «a los que vayan por derecho, no se les toca».

Fuentes subrayó que uno de sus objetivos será «mejorar sustancialmente la política de alquiler de vivienda» y garantizar que «el que tenga que pagar, pague», y que al que no pueda hacer frente a la renta mensual y lo justifique, se le fraccione el abono. Sin embargo, lamentó que se ha encontrado casos «alarmantes» de personas que «están ocupando viviendas que no tienen que ocupar y que se las están quitando a otros que de verdad las necesitan», y garantizó que lo de «no pago porque no quiero mientras que otros pagan lo que pueden, se va a acabar». Fuentes aseguró que irá contra esos casos «y los lanzaremos» con «todos los informes necesarios y avalados por colectivos como Stop Desahucios y por los propios vecinos».

Entre sus planes está impulsar la rehabilitación, que «es vital para el casco histórico», y la colocación de ascensores, «complementando las ayudas de la Junta, aunque no sea competencia municipal, porque hay gente que no se merece vivir encerrada en vida». Según explicó, su meta es lograr «vivienda digna» y «asequible para jóvenes y mayores».

Los últimos datos que hay de morosidad de los inquilinos de Vimcorsa son los que recogen las cuentas del 2018 aprobadas en marzo, que plasman un volumen de deuda acumulado y pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2.079.009 euros. Según el documento, el total de la deuda provisionada como de dudoso cobro al acabar el año era de 1,8 millones. A pesar de esas cifras, el anterior gerente, Rafael Ibáñez, aseguraba que la deuda se había frenado como consecuencia de los procedimientos de reclamación de cantidades abiertos en el juzgado.

Al último consejo de administración de mayo los anteriores responsables de Vimcorsa -Ibáñez y Alba Doblas (IU) como presidenta- llevaron dos propuestas para tomar medidas en casos de conflictos de convivencia. Vimcorsa había detectado acoso inmobiliario e inquilinos infractores. La propuesta era incorporar una carta de derechos y deberes de los inquilinos en los contratos y crear un servicio de asistencia contra el acoso. El impago del alquiler durante más de tres meses sin justificación estaba entre las infracciones muy graves, que implicaban la resolución del contrato, acciones judiciales y el traslado a otro piso.