Lleva casi tres décadas en la Asociación de Empresarios de la Construcción, Construcor, y casi tres años como presidente de Fadeco Contratistas, entidad que aglutina a las empresas de la construcción andaluzas, sector que conoce sobradamente bien, ya que ha vivido muy de cerca su evolución tanto en los años de bonanza como durante la crisis.

-¿Hemos superado la crisis?

-No. En ningún momento el sector vinculado a la inversión pública en infraestructuras podía pensar que se iba a llegar a la situación a la que se ha llegado, hasta el punto de que, del 2011 al 2016, el gasto público destinado a inversión ha caído un 86% y eso era impensable. Sabíamos que algún ajuste había que hacer, pero no con esta profundidad tan desmedida y desproporcionada. Si partimos de ahí, cualquier crecimiento, que en términos absolutos no es significante, en relativos se traduce en incrementos del 20, 25 o 40%, con lo que da la sensación de que estamos saliendo de la crisis. El Gobierno de España, en su programa para el periodo 2017-2020, se ha comprometido en hacer una inversión promedio anual de 470 euros por habitante. Esto es la mitad de la media de la UE, que está en 801 euros. Ahora estamos por debajo de los 215 euros, parámetro suficientemente objetivo como para afirmar que de la crisis no ha salido el sector de la construcción, fundamentalmente en lo vinculado a la inversión pública. La inversión privada está teniendo una recuperación selectiva, asimétrica, desigual, desequilibrada, y se está concentrando en determinadas áreas mientras que en otras es inexistente o escasa. Córdoba está teniendo una reactivación razonable, que se ha visto acelerada y favorecida porque la mayor parte del suelo estaba urbanizado. Ahora se progresa adecuadamente, pero ese impulso que está teniendo la iniciativa privada en el ámbito residencial y en el hospitalario no tiene la suficiente solidez y fortaleza como para suplir el déficit inversor de las administraciones, por lo que no podemos afirmar que hemos salido de la crisis y, si no nos lo tomamos en serio, permaneceremos en esta situación de languidez durante mucho tiempo.

-¿Qué lección nos han dado los diez últimos años?

-Por un lado, que la política debe tomar una cierta distancia en cuanto a la planificación de las inversiones. Hay inversiones que se programan y se priorizan por criterios políticos y no de sostenibilidad económica, social o de rentabilidad. Si se hubieran hecho otras infraestructuras distintas, nos encontraríamos en mejores condiciones de acelerar el proceso de crecimiento. Desde las organizaciones empresariales tenemos que empezar a ser más críticos. Otra lección es que hay que hacer las cosas conforme dictan los procedimientos. Si hay un proyecto que no está bien redactado y hay que hacer una modificación, no se deben seguir los dictados de las órdenes facultativas, que muchas veces están sometidas a presión, sino actuar conforme las normas de procedimiento. Otra lección es que debemos tender a una relación calidad precio real, no ficticia. Se están produciendo bajas desproporcionadas que tienen consecuencias como la paralización de las obras y un coste económico para la ciudad, su proyección y desarrollo. Si no ponemos coto a las bajas desproporcionadas, nos podemos encontrar en el medio plazo con un sector empresarial descapitalizado y poco competitivo.

-¿Qué es lo que nunca volverá a ser como antes?

-Tenemos la red ferroviaria de alta velocidad más extensa y moderna y no hay capacidad para ampliar más. Tenemos la segunda red de autovías más extensa y moderna y difícilmente se van a poder hacer más. Podemos hablar del gran corredor mediterráneo para favorecer el transporte de mercancías, y del central, que esperamos que pase por Córdoba. Queda poco para que se completen las actuaciones que tienen que ver con la mejora de las infraestructuras hidráulicas asociadas a la depuración. Pero a partir de ahí, grandes obras no habrá. Asistiremos a un cambio de modelo de negocio y de actividad y habrá que centrarse en el mantenimiento de las infraestructuras, en su mejora y modernización. Un puntal importante será la rehabilitación y la regeneración interior de los núcleos urbanos. Es un cambio en el que las empresas ya están haciendo sus tareas. Hay que preparar a la ciudad para procesos que cada vez se dan más en relación con la movilidad, la eficiencia energética… En edificación residencial también se nota el cambio de modelo. Ahora el eje central es el cliente. Como consecuencia de la digitalización, conocemos lo que quiere y quien manda es él.

-¿Algún día recuperará Córdoba el prestigio que tuvo con empresas que han desaparecido?

-Sí. Será un proceso un poco más lento. Serán necesarios procesos de concentración empresarial de grupos que no se dediquen a una sola actividad.

-¿Empresas como Prasa tienen posibilidades en ese panorama?

-Que después de lo que ha caído esté ahí dice mucho de las personas que trabajan para Prasa y de la capacidad de su dirección, y confío en que se mantenga como lo que ha sido, un puntal del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria.

-¿Cuál es la situación real del sector de la construcción?

-Hasta hace un par de meses estábamos en una situación preocupante, alarmante, muy sombría, pero en julio, agosto y septiembre se han acelerado los procesos, se ha incrementado la licitación y estamos en unas cifras casi un 30% por encima de las del año pasado. Siguen siendo bajas, pero ha mejorado la licitación y esperemos que en lo que queda de año la situación se mantenga. En inversión pública nos da cierta tranquilidad de cara al 2018 porque lo que se ha licitado son actuaciones que se pondrán en marcha, si no es en diciembre, en los primeros meses del 2018, por lo que podremos tener una situación razonable el año que viene, con los riesgos de que no haya Presupuestos del Estado y no se resuelva el problema del nuevo modelo de financiación contaminado también por la situación de Cataluña. La inversión privada se mantendrá en las mismas condiciones, ya que está creciendo el ritmo del inicio de obras.

-¿Hay riesgo de otra burbuja?

-No, en absoluto. Los precios están creciendo en Córdoba dentro de la normalidad. En estos años han ido cayendo hasta cerca del 40% y que ahora empiecen a crecer un poco parece razonable, entre otras cosas porque determinados costes se han incrementado. El incremento medio que estamos detectando se mueve entre el 3,5 y 5%, por lo que no estamos hablando de un aumento importante del precio de la vivienda.

-¿Córdoba ha logrado deshacerse del ‘stock’ de vivienda?

-El stock es prácticamente inexistente. Hay pero de viviendas que son prácticamente invendibles y ese stock va a seguir existiendo.

-¿Por qué no se promueve VPO?

-La VPO cumplió una función social importantísima y permitió que familias con unos niveles de solvencia escasos pudieran acceder a una vivienda en propiedad. Y eso gracias a las ayudas directas a la compra, a la deducción por adquisición, a la subsidiación de los tipos de interés... Pero esto ha desaparecido y nos encontramos con unas viviendas con unos ratios de calidad similares a la libre pero que no tienen ayudas. Debe haber un ajuste de precios para que el diferencial con la vivienda libre, e incluso con la usada, sea mayor. Además, ha habido un cambio en la política de vivienda tanto del Estado como de la Junta, que está enfocada a la rehabilitación y al alquiler. El alquiler, en el plan estatal que entrará en vigor en el 2018, se ha resuelto razonablemente bien en cuanto a los niveles de ayuda y puede hacer interesante que determinadas promociones puedan enfocarse hacia VPO en régimen de arrendamiento en edificios en los que pueden ser compatibles con pisos a la venta. Se ha hecho un plan con un juego de ayudas flexible y eso puede ser atractivo para inversores y empresas especializadas en la VPO.

-Ni el fomento de la rehabilitación ni la inspección de edificios dan frutos, ¿qué hace falta?

-Mucha información a los propietarios. De puertas hacia dentro todas las viviendas tienen un elevado grado de conservación, pero de puertas para fuera, no van con nadie ni las instalaciones, ni los elementos comunes, ni las cubiertas, ni las fachadas, ni la accesibilidad, y ahí es donde hay que incidir. Se necesita información y facilitar la gestión. Si la administración no pone las ayudas suficientes, tendrá que hacerlo por la vía indirecta de reconocer algún tipo de beneficio o exención.

-¿Cuál es el perfil que tienen los promotores ahora?

-Antes había un cierto grado de intuición en las decisiones. Ahora el promotor está enormemente profesionalizado, estudia con detalle la demanda de suelo, qué producto inmobiliario puede ir, y qué tipo de cliente puede estar interesado. Es más exigente.

-¿Veremos algún día una parcelación legalizarse e iniciar obras?

-En esto no he sido nunca políticamente correcto y no lo voy a ser ahora. Lo que hace falta es meter en vereda a los parcelistas, que no pueden poner las condiciones. Un señor que ha cometido una irregularidad de manera reiterada, consciente, contumaz, e insistente, no puede poner las condiciones de la regularización de su parcela porque eso es discriminación y lo que no podemos es discriminar al que cumple la norma en favor del que incumple. Es necesario que las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento, todas a una, sostengan el mismo discurso y el mismo pacto municipal de exigencia.

-¿Qué medidas deben tomar las administraciones para reactivar la obra pública?

-Hay que saber en qué quieren que sea competitiva la ciudad. Hablamos siempre de la logística, la intermodalidad, del centro neurálgico de Andalucía pero, ¿estamos jugando a eso?, ¿realmente estamos apostando?, ¿y apostamos todos?, ¿los agentes sociales, los económicos, la ciudadanía? Tiene que haber alguien que lidere eso y los que tienen que liderarlo son los políticos.

-De los proyectos contemplados en planes como el Pitvi o el Pista, ¿cuáles son los más urgentes?

-Si hablamos de vertebración, es necesaria la culminación de la Autovía del Olivar y hace falta dotar a la ciudad de un sistema de rondas que permita la conectividad, que no tiene, y creo que es la única ciudad de Andalucía que carece de una ronda completa. Habría que plantearse la conexión del norte de la provincia con Extremadura y la ruta de la plata con salida a Lisboa. También está la autovía de Granada, que no sabemos si hay alguna alternativa para que no sea necesario realizar toda la inversión pero sí permita una mayor conectividad; y algo que reclama Jaén, una mejora de la línea férrea a Córdoba. Aparte de las obras que están paradas, que son las que se deben reprogramar y reiniciar primero, tendríamos que ver qué hacemos y hacia dónde vamos.

-¿Se resolvieron los problemas del plan especial de infraestructuras eléctricas?

-Sí. Hubo una tensión importante pero todo se resolvió de una manera razonable y no ha habido más problemas. Ahora tenemos otra batalla más complicada, la recogida neumática de basura. Los promotores privados han hecho sus deberes, han pagado o afianzado la parte de la acometida de la red general con la privada, porque si no, no logran la licencia de ocupación. Aquí se ha hecho una inversión que no sabemos a cuánto ascenderá. Muchas de las infraestructuras llevan diez años ejecutadas, por lo que, antes de ponerlas en marcha, hay que revisarlas, y eso, ¿quién lo paga?. Y está sin definir dónde irá la central de recogida. Si la administración pública es exigente para que los particulares cumplan con sus obligaciones, lo mínimo que podemos pedir es una corresponsabilidad y la misma conducta, pero el Ayuntamiento no está cumpliendo con sus obligaciones.

-¿La Gerencia de Urbanismo va más lenta que nunca en la concesión de licencias?

-Sí. Yo llevo aquí más de 25 años y he conocido gerencias de todo tipo y como esta, ninguna, y en unos momentos en los que no tiene explicación porque no hay el ritmo de edificación residencial o de rehabilitación de antes. A veces nos da la sensación de que están en una huelga de celo y no sabemos a qué atenernos. Hay un malestar que no se resuelve contratando a un técnico.

-¿La ciudad de Córdoba necesita un nuevo PGOU?

-No. Tiene suelo urbanizable clasificado, suelo suficiente. Tampoco vamos a ver un desarrollo inmobiliario de un nivel como el de los años de atrás que indique que hay que ponerse a pensar en un nuevo PGOU.

-¿Perspectivas de futuro?

-Estamos preocupados porque no se aprueben los Presupuestos del 2018 porque la inversión se queda detenida, salvo las obras adjudicadas y en marcha. En cuanto al impacto, no somos tan alarmistas porque en la segunda mitad del año se ha acelerado la licitación. La edificación residencial va a seguir su ritmo en la misma línea que a lo largo del 2016 y 2017. Donde hay que incidir es en la rehabilitación, que nos preocupa, ya que la mejora del incremento de la actividad en este segmento, en el que ya se han preparado las empresas, puede generar una frustración importante porque todo cuelga del plan estatal de vivienda, que es el que dota las ayudas para acometer las actuaciones y, como no se aprueben los Presupuestos, nos quedamos parados y eso sí que puede tener impacto. Por eso hay que acelerar todos los procesos.