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MEMORIA anual del 2018

La Fiscalía registra 32 casos de abusos a jóvenes menores de 16 años de edad

Alerta de la proliferación de las edificiaciones de viviendas que son muy precarias en la capital . El Ministerio Público detecta un «incremento importante» de los delitos sexuales en Córdoba

 

Usuarios y trabajadores, en una de las puertas de acceso a la Ciudad de la Justicia. - A. J. GONZÁLEZ

Pilar Cobos Pilar Cobos
09/10/2019

La Memoria del 2018 de la Fiscalía de Andalucía, conocida en los últimos días, recoge en su análisis de la evolución de la criminalidad que Córdoba ha experimentado «un incremento importante» en los delitos contra la libertad sexual (abusos, agresiones, acoso y otros), destacando que el año pasado se incoaron 59 diligencias previas, frente a las 47 del ejercicio anterior. En esta línea, el documento hace hincapié en las 96 incoaciones genéricas realizadas por abusos sexuales y en los 32 casos referidos a menores de 16 años. Habrá que esperar a que se publiquen las memorias provinciales para conocer con más detalle la actividad realizada en este y otros ámbitos.

Menos violencia doméstica

Como aspecto positivo, el documento subraya la «acusada disminución» en los asuntos de violencia doméstica o de género, que han descendido un 41% en el último año en la provincia. Así, en el 2017 fueron incoados 305 casos y en el ejercicio pasado, 181. En el ámbito laboral se registraron 14 situaciones de acoso.

Por otra parte, los delitos en el ámbito de las relaciones familiares han caído un 27% anual hasta las 524 incoaciones del año pasado. Entre estos sobresalen el impago de pensiones, los abandonos de familia y 16 casos de abandono de niños.

Homicidio y ayuda al suicidio

En el 2018 se contabilizaron 12 supuestos de homicidio y otros siete de muertes causadas por imprudencias, así como seis casos «de posible auxilio e inducción al suicidio».

Torturas cometidas por autoridad y funcionario

Llama la atención la mención a Córdoba realizada en la memoria andaluza al abordar los delitos de torturas y otros contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público. El documento recoge que, «como es habitual, son varias las fiscalías provinciales que nos refieren que no tienen lugar incoaciones por delitos de esta naturaleza», pero la cordobesa, «sin embargo, contabiliza en su estadística anual hasta siete casos de torturas y, además, un supuesto de delito contra la integridad moral cometido por autoridad o funcionario público».

Menos accidentes laborales

En cuanto a la siniestralidad laboral, la Fiscalía de Andalucía destaca que se ha interrumpido la tendencia ascendente registrada en años anteriores al reducirse las diligencias previas incoadas en el 2018, que fueron 930, un 23% menos en tasa interanual. En esta línea, recoge la consideración realizada por la fiscal delegada de Siniestralidad Laboral, Mª Ángeles Rojas, quien señala que esta disminución «obedece a la existencia de menos accidentes», pero matiza que «en no tanta proporción como parece desprenderse de las cifras», porque es posible que no se hayan registrado correctamente todos los partes.

«Muy preocupante» el dato de robos violentos

En el apartado de los delitos cometidos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la memoria de la Fiscalía de Andalucía subraya que «resulta muy preocupante» la cifra de robos violentos en la provincia, que ha contabilizado 433 incoaciones. Asimismo, hace hincapié en que se han detectado 1.905 estafas (una «cifra que parece excesiva», detalla) y 806 robos con fuerza. En líneas generales, este área cerró el ejercicio 2018 con un total de 5.080 incoaciones en la Fiscalía de Córdoba, un dato que es levemente superior al anotado en el año precedente.

Proliferan las viviendas muy precarias

El balance conocido en los últimos días pone de relieve que «se observa la proliferación de edificaciones de viviendas por personas de escasos recursos económicos, con materiales muy precarios, para ser utilizadas como primera residencia», unos delitos que «tienen una fuerte presencia en el término municipal de Córdoba».

Bajan las casas ilegales

El documento también recoge, en el apartado de los delitos contra la ordenación del territorio, que «se ha producido un descenso paulatino de las denuncias recibidas en Fiscalía y de los procedimientos tramitados ante los juzgados de Instrucción, lo que (la Fiscalía de Córdoba) justifica por la crisis económica», ya que «se ha dejado de construir segunda vivienda en suelo no urbanizable».

De otra parte, cita que se «ha advertido una tendencia hacia la absolución de estas conductas por parte de los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, en base a la interpretación del decreto de la Junta de Andalucía 2/2012, de 10 de enero, que considera como el punto de partida de un intento de la jurisdicción Penal en la provincia de condenar solo en supuestos absolutamente graves». A esto añade que «la Sección (de Medio Ambiente) siempre ha recurrido la mención en las sentencias al referido decreto, en tanto en cuanto no se ha producido una legalización».

A la cabeza de Andalucía en incendios

Y si este verano se han seguido con preocupación los incendios forestales registrados en la provincia, la memoria del Ministerio Público confirma que este es «el problema más importante en éste ámbito (Medio Ambiente) en Córdoba, que encabeza desde hace dos décadas la lista del número de incendios producidos en Andalucía». El documento apunta que «el peligro más importante» está en la capital y subraya la incidencia que la «gran proliferación desordenada de construcciones ilegales» tiene en estos siniestros.

Más denuncias por maltrato animal

Sobre el maltrato a animales domésticos, el balance indica que «se ha comprobado un aumento apreciable del número de denuncias», que se interpreta como consecuencia de una mayor sensibilización social.

Endurecer el castigo por los enganches ilegales

En el capítulo de propuestas de reformas legislativas, la Fiscalía de Andalucía sugiere que los enganches ilegales a luz, otros servicios y suministros «deben valorarse en su gravedad como delito leve o menos grave en función de la cuantía defraudada». En este sentido, precisa que «la consideración como delito leve determina un nulo efecto disuasorio a la vista de los suculentos beneficios que aporta, así como su relación con otros hechos delictivos (cultivos de droga)», y abunda en que estos «suponen, por su concentración en determinadas zonas, una importante fuente de alarma y conflicto social».