La Fiscalía Especial de Personas con Discapacidad y Mayores de Andalucía asegura que no hay responsabilidad penal en ninguna de las residencias de mayores cordobesas por la muerte de 68 ancianos en estos centros durante la crisis sanitaria del coronavirus, cuya gestión ha sido investigada por este órgano judicial. Del conjunto de las 86 residencias de mayores que existen en la capital y provincia, solo en 20 de ellas se ha registrado algún tipo de incidencia y, a fecha de hoy, solo 12 residencias siguen con expedientes informativos abiertos por el Servicio de Inspección de la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales.
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Según señala Fernando Santos Urbaneja, Fiscal Delegado de Personas con Discapacidad y Mayores en Andalucía, sobre la situación de las residencias de mayores de Córdoba y provincia, se ha recabado información de organismos centrales de salud y políticas sociales, que ha llegado, principalmente, de la Consejería de Salud, la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Políticas Sociales y Conciliación y de los servicios de inspección de centros de servicios sociales.
Una vez estudiada toda esta información, no se ha encontrado motivo en ningún caso para abrir en la Fiscalía diligencias preprocesales de carácter penal. En este sentido, Santos Urbaneja señala que los hipotéticos delitos (homicidio por imprudencia y omisión de socorro) «se basan en graves incumplimientos en relación con situaciones fácilmente previsibles y/o evitables», lo cual no concurre en el caso de la pandemia del covid-19, al menos en lo que a las residencias de mayores se refiere.
Sanción administrativa
Así, se estima que las eventuales infracciones podrán ser objeto de reparación (reclamación civil o administrativa) o, a lo sumo, de sanción administrativa, pero no de castigo penal, ya que no se puede decir, en opinión de Santos Urbaneja, que en ningún caso se haya concurrido en una imprudencia grave.
Por otro lado, es preciso delimitar y definir «en una persona concreta» una actuación de esas características (conducta gravemente negligente dadas las circunstancias concurrentes en relación con situaciones fácilmente previsibles y/o evitables), y en el caso de las residencias de mayores «ha habido una intervención plural y en cadena con proyección en distintos frentes», según relata el fiscal, que considera que «la gente tiene un sentimiento de extrañeza e, incluso, de indignación, ante el hecho de que hayan muerto personas en una residencia de ancianos y no haya una responsabilidad penal».
Según Santos Urbaneja, el objeto de recabar toda esta información civil también tiene como objetivo plantear en el futuro medidas o, en su caso, ejercitar acciones civiles o administrativas destinadas a mejorar la protección de los derechos de las personas mayores ingresadas en residencias, fundamentalmente su derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad y propia imagen, a respetar su capacidad de decisión (autotutela), a su dignidad, al libre desarrollo de su personalidad, etcétera.
Por otro lado, José María Vallejo, asesor legal de la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancias Diurnas, Residencias y Centros de Atención al Dependiente (ACUED), se muestra «conforme» con lo que dice la Fiscalía, ya que «desde finales de febrero se estaban creando protocolos de actuación en residencias para paliar los efectos del Covid-19», por tanto, «un delito de homicidio por imprudencia o de omisión del socorro se da cuando no se hace nada para evitar la aparición de ese delito».
