La Fiscalía Anticorrupción de Málaga acusa a 51 personas en el caso Astapa, sobre la presunta corrupción urbanística y política en la localidad malagueña de Estepona y ha pedido el sobreseimiento de la causa para otros 39 procesados en esta causa, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales. El escrito de acusación provisional del ministerio fiscal fue remitido ayer al Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), que ha sido el que ha investigado la causa desde el principio y que en junio del pasado año 2017 acordó seguir la causa contra 95 investigados.
Al parecer, según adelantó ayer Cadena Ser de Málaga, la fiscalía pide para el empresario cordobés José Romero (Prasa) cuatro años y seis meses de prisión por delitos de fraude y falsedad documental en el marco de este casom que estalló en junio del 2008. Según la calificación de la fiscalía, a la que ha tenido acceso Ser Málaga, el fiscal mantiene la petición de ingreso en la cárcel y una multa de 15 meses en cuotas de 20 euros e inhabilitación para ser elegido cargo público durante cuatro años. A diferencia de lo que ocurre con 39 de los 90 imputados, a los que el fiscal retira los cargos, sí mantiene las acusaciones a Romero y otras 50 personas por unos hechos supuestamente cometidos hace 10 años.
Sin embargo, según fuentes cercanas al empresario cordobés, a este le ha sorprendido la noticia y ha asegurado no tener conocimiento de este escrito de la Fiscalía, que no se le ha comunicado. Estas mismas fuentes señalan que el empresario está muy tranquilo y le «extraña» esta noticia, cuando hace unos meses el fiscal le contestó a su abogado que lo único que se le acusaba era de haber ingresado el dinero de aprovechamiento urbanístico en la cuenta de gestión en lugar de la de patrimonio.
En el escrito acusatorio, que consta de 162 folios, se explica que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición entre el PSOE y el Partido de Estepona (PES) crearon una caja B en el Ayuntamiento.
