La Fiscalía de Córdoba incoó el año pasado el doble de expedientes de reforma calificados inicialmente como acoso escolar que el año anterior. En total, según recoge la Memoria de la Fiscalía de Andalucía, fueron 33 casos frente a los 14 del 2016, de los cuales la mayoría se resolvió a través de la vía extrajudicial, si bien se formularon ocho expedientes, muchos de ellos cometidos por menores de 14 años, que fueron archivadas, y se incoaron 14 diligencias preliminares. La Fiscalía destaca en este sentido que cuando los menores de 14 años cometen infracciones graves que se pueden dar en el marco del acoso escolar como delitos contra las personas, la libertad o indemnidad sexual, «se encuentran en una difícil situación frente a las víctimas» y se ven obligados a explicar a los padres que «pese a que la conducta en cuestión es totalmente reprochable y antijurídica, el Ordenamiento Español no contempla una respuesta penal».

Los datos de la Fiscalía reflejan el aumento de casos que denuncian entidades como la Asociación contra el Acoso Escolar de Asturias, pionera en abordar el buylling en España. Su presidenta, Encarna García, madre de una víctima de acoso, asegura que «los móviles con foto están agravando la situación en los institutos y los efectos del bullying en los menores acosados». Según García, la asociación ACAE, que atiende llamadas de toda España, está haciendo el seguimiento de una veintena de casos en Córdoba. Según su recomendación, «lo importante es que los padres documenten cada agresión que sufran sus hijos y dejen constancia con escritos en el registro de Educación dirigidos al inspector de centro o al delegado territorial».

SENTENCIA DEL TSJA // En cuanto a la sentencia del TSJA que ha condenado a la Junta de Andalucía a indemnizar a un exalumno del IES Gran Capitán por no atajar la situación de acoso que sufría, García, que se personó en Córdoba hace 13 años para conocer a Lorenzo, el entonces menor víctima de bullying, considera que «la justicia ha llegado muy tarde y se ha quedado corta, aunque agradece una sentencia con afán ejemplarizante». En su opinión, el problema está en «la pasividad de una parte de los docentes, que miran hacia otro lado ante el acoso escolar». Considera García que «los centros educativos deben prever actuaciones preventivas y también medidas disciplinarias para intervenir en las situaciones de acoso que impidan que al final sean los acosados quienes tengan que abandonar su colegio».

Por su parte, la Delegación de Educación declinó ayer hacer valoraciones sobre la sentencia, si bien recordó que el protocolo de actuación contra el acoso escolar se puso en marcha en el 2011, seis años después del caso juzgado, ante la proliferación de este tipo de comportamiento. Dicho protocolo, que insiste en «no confundir el acoso con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso», establece como actuación inmediata «la recopilación de información por parte del equipo directivo y la comunicación al Servicio Provincial de Inspección de Educación».

EL PROTOCOLO // El capítulo de medidas de urgencia es ambiguo y establece de forma genérica que «se garantizará la inmediata seguridad del alumno y medidas específicas de apoyo», así como «medidas cautelares dirigidas al alumno acosador». Uno de los apartados prevé también la aplicación de medidas disciplinarias «una vez recogida y contrastada la información», aunque no señala tampoco en qué consistirían tales medidas, aludiendo al «plan de convivencia del centro».