El juicio con jurado contra el exgerente de mantenimiento de ADIF en Córdoba, Enrique Finch, por los delitos de cohecho y falsedad documental, quedó ayer pendiente de que el jurado emita su veredicto, después de que la fiscal y las partes elevaran a definitivos sus informes y ratificaran sus peticiones. Así, la fiscal mantuvo su petición de 400.000 euros por cohecho y cuatro años de cárcel por el delito de falsedad en documento público y 2,8 millones de indemnización, por considerar que los testimonios escuchados durante las tres sesiones celebradas en la vista han venido a ratificar las acusaciones que indicaban que el acusado había obstaculizado la materialización de la obra de un polígono industrial entre los años 2007 y 2011 a la empresa CM Brillante, a la que reclamaba constantemente modificaciones en los planos o en la documentación, para acabar pidiéndole 180.000 euros para que se desbloqueara la situación.

Asimismo, la fiscal consideró probado que el acusado también falsificó una carta con el membrete de ADIF en la que reclamaba una cantidad similar para «dar verosimilitud» a sus exigencias económicas. Dicha carta, dijo la fiscal que, según ha quedado demostrado por los peritajes aportados, fue redactada en una fecha y registrada con otra distinta (un mes antes). A juicio de la fiscal, el propio inculpado reconoció la celebración de las reuniones en las que se reclamó la cantidad citada, además de haber fotos que lo demuestran así como testigos que lo confirman. También, varios testigos dieron fe, a juicio del Ministerio Fiscal, del carácter «prepotente y soberbio» del acusado, que truncó el negocio más importante de la vida del denunciante.

La acusación, representada por Francisco Muñoz Usano, insistió en los mismos aspectos de la fiscal y añadió otros como que durante el juicio se ha intentado ocultar la verdad y se ha generado confusión, al tiempo que dijo que la empresa ADIF debe asumir la responsabilidad civil subsidiaria y abonar 2,8 millones de euros al empresario, pues esa es la cantidad que se estima que ha podido dejar de ganar con el bloqueo del proceso constructivo.

A juicio del abogado, toda la dilación del procedimiento estaba planificada por el acusado para «ablandar» al empresario con la intención de llevarlo a un callejón cuya única salida era la de pagar la cantidad prevista, a lo que nunca accedió el constructor, pese a haber colaborado en todas las exigencias documentales y de planificación planteadas por ADIF.

Tanto la acusación como las defensas de ADIF y del acusado pusieron en duda la credibilidad de los distintos informes periciales de las otras partes, ya que todos ellos ven sesgos y errores en los trabajos de la contraparte.

El representante de ADIF, Jesús Jiménez, argumentó que no ha lugar a pagar nada por responsabilidad civil por la empresa ferroviaria y mantuvo que todas la demoras producidas en la obra, cuya urbanización se fue haciendo pese a la falta de licencia, son fruto de que la documentación presentada por la constructora era incompleta. Además, también rebatió la cuantía estimada de las pérdidas del empresario por considerar que los cálculos están hechos incorrectamente.

Por su parte, el letrado de la defensa, Javier Pulido, puso de manifiesto que durante el juicio no se ha aportado ninguna prueba solvente que demuestre los hechos, pues, a su juicio, en las grabaciones no se escucha en ningún momento la petición del dinero por parte de su cliente.

Por último, el acusado, en su último uso de la palabra, insistió en que «jamás he pedido dinero y jamás lo hubiera aceptado».