El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, experto en medio ambiente, ha alertado de que la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), recién aprobada por el Parlamento andaluz, «contradice» la norma del 2010, que ampliaba las penas por ilegalidad urbanística.

«El Ministerio Fiscal se rige por el principio de legalidad», ha recalcado Calvo-Rubio en una entrevista, en la que ha señalado que hasta que no entre en vigor la nueva norma «sólo nos queda interpretar la ley que tenemos».

Preguntado sobre qué impacto va a tener la pretensión de dotar de servicios públicos a las viviendas edificadas ilegalmente -en Córdoba podrían beneficiarse unas 3.000-, ha recordado que la reforma del Código Penal del 2010 «aumentó los tipos y las penas en los delitos contra la ordenación del territorio», algo que «parece contradictorio» con el hecho de «intentar legalizar viviendas ilegales».