La llegada al juzgado de lo Penal número 4 para su vista de la denominada operación Fénix ha ocasionado un auténtico shock en el órgano judicial que se ha visto desbordado, porque supone manejar tanta documentación (200 tomos) que ha requerido una sala exclusiva para ello en la Ciudad de la Justicia.
El personal
El primero de los problemas que ha generado esta macrocausa en el citado órgano judicial es el del personal, pues carece de profesionales suficientes para poder atender este asunto y seguir el ritmo diario de recepción de casos nuevos. Por ello, desde el decanato se ha accedido a eximir al Penal 4 de entrar en el reparto semanal de asuntos, al menos hasta el mes de junio, fecha para la que se espera que se puedan haber juzgado los casos pendientes. Hasta entonces, los funcionarios de este órgano intentan sacar tiempo para adelantar algo de esta macrocausa.
Necesidades concretas
En concreto, se espera que una vez que se concluya con las causas pendientes, la jueza titular se pueda dedicar exclusivamente a este asunto, pero será necesario un juez de refuerzo, explican desde el juzgado en cuestión. Además, también será preciso otro letrado de la administración de Justicia para poder ir dando salida a las exigencias del caso, tales como citaciones, notificaciones, ajustar horarios y citas, algo para lo que también será imprescindible disponer también de personal administrativo. Los sindicatos CSIF y USO han levantado la voz esta última semana reclamando que se haga realidad en el menor plazo de tiempo posible el refuerzo de personal.
La vista
Si los planes de los responsables del juzgado de lo Penal 4 de Córdoba se cumplen, la previsión es que el juicio se inicie a primeros del próximo mes de octubre y podría prolongarse aproximadamente unos siete meses, a razón de tres días a la semana de sesiones. Actualmente el caso se encuentra pendiente de incoación, admisión de pruebas y subsanación de errores. Cuando se inicie la vista habrá que escuchar a los alrededor de 130 acusados (entre personas y empresas), a lo que hay que unir las comparecencias de otras 280 personas, entre testigos de las distintas partes y peritos. Todo ello lleva acarreado que haya que buscar también un espacio lo suficientemente amplio como para acoger a todas las personas citadas, sobre todo, en calidad de acusados y abogados.
El origen
La operación Fénix tiene su origen en el año 2005 cuando se inició la investigación de una red de fraude a la Hacienda pública que tuvo como culminación la operación policial desarrollada en dos fases durante los años 2006 y 2007. Esta operación supuso la desarticulación de una trama en el sector de la joyería con ramificaciones en varias provincias y que podrían haber cometido un fraude fiscal de unos 150 millones.
La trama
Según se informó cuando se desarrolló la operación, la sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba supuestamente a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. Esta empresa, según los investigadores, hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que, al tiempo que justificaba sus ventas, ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos.
Las penas
Las penas que reclama el ministerio público para los principales encausados (un padre y un hijo que residían en Barcelona) suman en total 384 años por 96 delitos fiscales. Además, para otro de los acusados se solicitan penas que suman 376 años de cárcel por 94 delitos y para otros cinco, 288 años, por 96 delitos. Entre los acusados hay joyeros, trabajadores y contables, alguno de los cuales ha fallecido mientras se instruía la causa.
