La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara se ha pronunciado ante la reversión de nombres de calles que pretende el Ayuntamiento de Córdoba, y lo ha hecho a través de un comunicado para pedir que se cumpla la Ley de Memoria Democrática.

La federación vecinal recuerda que la medida responde a la norma aprobada por todos los partidos políticos en el Parlamento Andaluz y defiende “el derecho de oposición y cuantos colectivos así lo estimen” a acudir a los tribunales para que se dilucide sobre el conflicto.

Las asociaciones de vecinos a las que representa Al-Zahara reclaman que gobierno local y oposición no propicien “más enfrentamientos entre una ciudadanía ya de por sí bastante fracturada”.

En su comunicado, la federación se refiere al anuncio de que calles como Foro Romano o la avenida del Flamenco volverán a ser denominadas como Cruz Conde y Vallellano, respectivamente. Al respecto, “esta junta directiva recuerda el proceso seguido por la comisión creada en la anterior corporación municipal, que desarrolló un trabajo excelente", señala Al-Zahara. Y además recuerda que las conclusiones de la comisión "fueron fruto de un arduo trabajo de investigación y documentación por parte de historiadores miembros de esta comisión”.

Además, añade la federación, “el proceso participativo seguido fue totalmente respetuoso con el Reglamento de Participación Ciudadana, en los extremos que desarrolla éste para tales procedimientos”.

Así, y “a partir de estas consideraciones, la polémica actual sobre si se revierten o no las denominaciones de algunas calles por el actual equipo de gobierno debe ser una decisión política, que tendrá que considerar el sentir de la ciudadanía y de los movimientos sociales, valorar sus consecuencias y en base a ello, siempre respetando la Ley, acometer su decisión”, afirma el dictamen.

Más aun, “frente a esta decisión, evidentemente, oposición y cuantos colectivos así lo estimen tienen todo el derecho, si consideran que se vulnera la citada Ley de Memoria Democrática, a acudir a los correspondientes tribunales o a cualquier otra instancia habilitada para que se dilucide sobre el tema”.

En todo caso, “para esta junta directiva, tanto gobierno municipal como oposición deben ser responsables de sus decisiones y no promover más enfrentamientos entre una ciudadanía ya de por sí bastante fracturada”, concluye el escrito.