Las asociaciones de consumidores han acogido con ciertas reticencias el nuevo bono social. Facua ha criticado que «la infanta y la hija de Aznar tengan derecho a bono social mientras las familias sin niños que ingresen 810 euros no», ya que se reconoce el derecho a todas las familias numerosas pero se fija el tope de renta para familias sin hijos en 807 euros. Si en una unidad familiar hay un solo menor, se podrá acceder al bono si los ingresos no exceden los 1.076 euros mensuales, y si hay dos, si no ingresan más de 1.345 euros. Según Facua, se trata de un modelo insolidario que «ayudará a agravar la pobreza energética en España», por lo que rechaza el modelo del Gobierno porque solo tiene en consideración los ingresos brutos y no la renta disponible para hacer frente a otros gastos esenciales de la vivienda. También rechaza que las familias tengan que poner a disposición de las eléctricas datos protegidos como sus declaraciones del IRPF. Por su parte, la OCU señala como medida más controvertida que el descuento del bono social solo sea aplicable a un consumo mensual básico y que el exceso sobre esa cifra se factura a un precio normal. Según la OCU, esto merma en parte la ventaja del bono social de algunos hogares, sobre todo, los que usan la electricidad como sistema de calefacción, ya que los meses de frío la mayor parte de su consumo no se podrá beneficiar del descuento del 25 o 40% al superar el límite mensual. Tampoco le gusta que haya que renovar el bono social cada dos años al suponer un trámite adicional que creen que dejará fuera del sistema a muchos hogares de mayores.