Las mujeres son uno de los colectivos más vulnerables en el marco del empleo junto a las personas paradas de larga duración y las que presentan alguna discapacidad.

La tasa de paro de las mujeres alcanza en Córdoba el 30,33%, más de 9 puntos por encima de la de los hombres, que es de 21,21%, según datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año, que indica que la tasa de empleo femenino es igualmente inferior a la masculina (34,71 frente a 51,47%). Estas medias son ampliamente superadas en las poblaciones más pequeñas de la provincia, donde la tasa de paro femenina sobrepasa el 60%. Es el caso de Almedinilla (63,2%), Benamejí (69,1%), Fuente Tójar (69,5%), Los Blázquez (61,3), Cañete de las Torres (62,4%), Valsequillo (60,7%) o Villanueva del Rey (62,4%), Peor aún es la situación laboral en las localidades de Palenciana, Valenzuela y Villaralto, en todas las cuales las mujeres superan el 70% de tasa de paro.

Paro

Según los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) correspondientes al pasado septiembre (últimos disponibles), las mujeres suponían el 59,61% de las personas desempleadas en la provincia de Córdoba, con 41.407 mujeres en las listas del paro. Ellas, además, constituyen la mayoría de las personas paradas de larga duración, el 60,68% a finales de 2018.

Y si se echa un vistazo a la contratación, se constata que el 62,45% de los contratos se concertaron con hombres y el 37,55% con mujeres, cifras que quedan lejos del 45% que se registraba en los años 2007 y 2008. Además, las mujeres han visto incrementar la tasa de parcialidad hasta el 37,53% y la de temporalidad se ha elevado hasta el 95,83% el pasado ejercicio.

Por otra parte, las féminas representan un mayor porcentaje de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, el 56,99%, y también fueron las más beneficiadas de los Programa de Acciones Experimentales para la inserción laboral, representando el 65,49% de los 910 beneficiarios de la provincia el pasado año.

Cuidadoras

Con la crisis, la mujer ha sido expulsada del mercado de trabajo y sigue sin conseguir reintegrarse y recuperar las tasas de empleo previas al 2008. Desde los sindicatos se dan algunas claves para ello: Las mujeres siguen siendo castigadas por ser madres y cuidadoras. De las 450 excedencias por cuidado familiar que se concedieron en la provincia cordobesa el pasado año, 405 (el 89%) fueron de mujeres, mientras que solo 45 (11%) fueron para hombres, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El informe de situación de la mujer en el mundo laboral andaluz de CCOO correspondiente al pasado año refleja que el denominado techo de cristal se mantiene. «Las mujeres ocupan mayoritariamente las ocupaciones más elementales, en las que el índice de feminización es del 115,2%, es decir, el número de mujeres supera ampliamente al de los hombres. Ocurre lo contrario para los puestos de directores y gerentes, donde el índice de feminización no alcanza el 50% (46%), lo que indica que hay más del doble de hombres que de mujeres», señala el documento.

Este hecho, junto a la alta temporalidad y parcialidad de la contratación femenina, es una de las claves de la denominada brecha salarial, que en el caso de Córdoba se sitúa en el 22,61%. Es decir, las cordobesas cobran, de media, 3.526 euros anuales menos que los cordobeses. Una diferencia salarial que, lógicamente, tiene su repercusión en las prestaciones por desempleo, por incapacidad temporal o en las pensiones que cobran las mujeres.

Si la situación es complicada para las mujeres en general, se agrava para las extranjeras y para las que tienen alguna discapacidad o se encuentran en situación de exclusión social.

SDL

Las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en el ámbito laboral llevaron a la Junta de Andalucía a poner en marcha el Servicio de Defensa Legal (SDL) a las Mujeres por Discriminación Laboral que desde 1997 se ha venido ofreciendo, con algunas interrupciones, a través de los sindicatos CCOO y UGT de forma gratuita. «Se trata de un servicio de información y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer en el mercado de trabajo, en el que también se interviene en todas las actuaciones del proceso judicial necesarias para la defensa de estos derechos», explica UGT.