Expropiar los terrenos necesarios para ampliar la pista del aeropuerto costó nada más y nada menos que 45,1 millones. Esa es la cantidad que aparece en la respuesta dada por el Gobierno central a la pregunta planteada por los diputados socialistas Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, que querían saber el número de expropiaciones necesarias, su coste final y los detalles de la financiación, y si quedaban pendientes resoluciones judiciales.

El Gobierno central explica que «el importe total abonado por estas expropiaciones en el periodo 2009-2015 fue de 45,1 millones», con los intereses incluidos, que «han sido financiados con recursos propios de AENA dentro del desarrollo normal de su actividad». Las expropiaciones no solo estaban dirigidas a la ampliación de la pista, ya que el expediente incluye también la nueva terminal, que nunca llegó a ejecutarse a pesar de que en el 2008 salió a concurso. La respuesta señala que «la afección se concretó en 188 fincas», de las que 115 eran casas. Por último, el Gobierno afirma que «a fecha actual, AENA no tiene conocimiento de que haya procedimientos pendientes de resolución judicial».

El diputado socialista Antonio Hurtado subraya que «el Gobierno parece renunciar al acuerdo con AENA del 2007 mediante el que el Ayuntamiento sufragaría parte del importe de las expropiaciones», que «ha pagado AENA en su totalidad, lo que significa un considerable beneficio para el Ayuntamiento». Hurtado recuerda que el aeropuerto está «infrautilizado» y que «es una oportunidad que se debe aprovechar en beneficio del progreso de Córdoba», por lo que «hay que ponerse manos a la obra para iniciar una nueva etapa de actividad mucho más intensa».

El pago de las expropiaciones fue polémico. Según un acuerdo del 2007, el Ayuntamiento debía aportar el 17,63% del coste de los terrenos, lo que se cifró en 7,4 millones porque las estimaciones eran que harían falta entre 30 y 40 millones para las fincas. Sabiendo que el coste real ha sido 45 millones, la cantidad que corresponde al Ayuntamiento es de 7,9 millones. En el 2010, en la etapa de IU y PSOE, se supo que el Gobierno no solo no eximía al Ayuntamiento del pago de los 7,4 millones, sino que pedía 11 millones. El PP, durante su mandato, aseguró que la cifra exigida al Ayuntamiento ascendía a 17 millones, que se negó a abonar.

Las estimaciones realizadas cifraban en 85 millones el coste de la pista. La obra fue adjudicada por 21,8 millones, a los que se suman 3,3 de las demoliciones y 6,5 millones del soterramiento de líneas. Si se suman las expropiaciones, elevan el coste a 76,6 millones. El Tribunal de Cuentas dio un toque de atención en el 2014 por haber dedicado 13 millones de fondos europeos a la pista.