La Real Academia de Córdoba convocó ayer a cuatro expertos jurídicos para debatir sobre la titularidad de la Mezquita de Córdoba, dentro del Foro Arjona y Cubas que se ha creado, según su director, José Cosano, para abordar temas de actualidad de Córdoba y provincia, dentro «de la tolerancia y el respeto». El primer tema del foro, moderado por el académico Francisco Manuel Galán Ortega, fue «delicado y polémico», aunque el debate de ayer, en el salón de columnas del edificio Pedro López de Alba, se ciñó a lo «estrictamente jurídico», sin entrar en consideraciones políticas. El director de la Real Academia anunció que el próximo foro versará sobre cómo vivir en el casco histórico.

El secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, recordó cómo hace tres años la alcaldesa, Isabel Ambrosio, le encargó un informe jurídico sobre la titularidad pública de la Mezquita en el que «yo establecía y entendía que, junto al dominio público tradicional, del Estado, de los municipios, de las comunidades autónomas, estaba también el dominio público universal o especial, donde yo encuadraba a la Mezquita Catedral, pues las declaraciones de la Unesco de 1984 y del 2014 califican este monumento como de un valor excepcional universal». Lavela insistió en que «la ciudad tiene una deuda con la Iglesia y entiendo que se debería hacer algo respecto a esta inscripción que tanta polémica ha generado». El secretario general del Pleno admitió que «el verdadero representante legal e inatacable debe seguir siendo la Iglesia», llevando la administración y custodia, «como fue la voluntad del rey Fernando III», pero «entiendo que la titularidad es de la comunidad universal, pues son bienes que por su singularidad arquitectónica, cultural e histórica trascienden el interés de lo nacional, las fronteras, y requieren una proteción a nivel mundial».

Lavela hizo una propuesta para que «la Iglesia, en un gesto de sencillez, de humildad clarificadora, de concordia», haga una declaración para «zanjar el tema». Como hay un procedimiento de rectificación registral, «la Iglesia, a través del Cabildo y con el aval de la Santa Sede», debería «rectificar el asiento registral», de forma que «se reconozca que ella es la verdadera representante legal, pero reconozca también la titularidad universal del bien».

La profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la UCO, Amelia Sanchís, apuntó también que la Mezquita Catedral es de «dominio público» y que «nunca se ha discutido la gestión de la Iglesia, nadie ha puesto en duda que ella tenía que gestionar el culto». Sanchís es partidaria de «buscar la forma de entendernos» en este asunto y «no de forma beligerante».

Por su parte, Francisco Javier Gómez Gálligo, letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, defendió que la inmatriculación de la Mezquita «se hizo conforme a un procedimiento especial que tenía la Iglesia, ahora reformado, pero que era válido». En su opinión, «desde el punto de vista del registro de la propiedad el proceso de inmatriculación ha sido correcto», y aportó como argumentos que se han seguido los procedimientos adecuados, se ha certificado en base a un archivo de la Diócesis, no estaba inventariado a nombre de ninguna administración y se han cumplido todos los protocolos. Finalmente, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Luis Humberto Clavería insistió en que la Iglesia es «propietaria» de la Mezquita, pero habría que «repetir la inmatriculación».