Por unos nombres que eduquen’ es el lema de la campaña de Ustea, el Movimiento Andaluz por la Educación Pública (MAEP) y del Foro por la Memoria Histórica de Córdoba para cambiar nombres que consideran «franquistas» de centros escolares, que ayer por la mañana se centró en la entrega de un escrito por registro de entrada en la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba para exigir que «en breve plazo se proceda a la eliminación y sustitución» de la nomenclatura de siete centros escolares en la provincia de Córdoba de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en marzo del 2017.
En concreto, los centros a los que señalan son los siguientes: CEIP Laureado Capitán Trevilla (Adamuz), CEIP Alcalde Jiménez Ruiz (Córdoba), CEIP Alcalde Barbudo (Córdoba), CEIP Cronista Rey Díaz (Córdoba), CEIP José María Pemán (Puente Genil), CEIP Ramiro de Maeztu y CEIP Ingeniero Juan de la Cierva.
En opinión del representante del Foro por la Memoria Histórica de Córdoba, Luis Naranjo, «es increíble e inaceptable que haya aún hoy nombres de centros escolares de alguien que se ha opuesto con las armas a la democracia». Para la representante de Ustea, Ana Naranjo, el escrito presentado ayer «exige a la Junta el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía», que establece que «elementos contrarios a la memoria democrática son alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista». Además --continuó Ana Naranjo-- si estos elementos contrarios a la memoria democrática «están colocados en edificios de carácter público serán responsables de su retirada o eliminación las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos». De ahí, explicó, que hayan pedido a la Delegación de Educación de la Junta por escrito y registro de entrada la eliminación de estos nombres.
Al argumento del cumplimiento de la ley se une, según los solicitantes, razones morales, puesto que «el nombre de un centro docente debe representar para la comunidad educativa un ejemplo de libertad, igualdad, esfuerzo personal y respeto», sostuvo la representante de Ustea, y así se manifiesta en el escrito entregado a Educación. La Administración aceptó ayer la denuncia por el habitual sistema de registro de entrada. En opinión de, Antonio Bujalance, de MAEP, «la Junta debería haber corregido de oficio esta anomalía tras más de un año de haberse aprobado la ley» y añadió que «es un primer listado y seguro que hay alguno más».
