En España, en el primer semestre de este año, 7.450 denuncias por ocupación ilegal llegaron a las fuerzas de seguridad, según la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior. La cifra supone un incremento del 5,03% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por comunidades, Cataluña, con 3.611, acumula casi la mitad de los casos, y registra un alza del 13,19%. Andalucía (1.183 casos) y Madrid (657 denuncias) le siguen en la lista.
La ocupación supone «un problema gravísimo», también en Córdoba, según han explicado a este periódico fuentes judiciales, que señalan que «hay una red montada entre ocupantes y asociaciones que facilitan domicilios de inmuebles que están vacíos». Destacan que normalmente en Córdoba las ocupaciones son de edificios que pertenecen a entidades financieras, y las menos, las que son propiedad de particulares.
En cualquier caso, el problema -indican- viene «con las mafias» y con la «venta de pisos» por parte de un ocupa al siguiente inquilino por la cantidad que determinen entre ellos. Esto supone un problema para los propietarios, ya que cuando se admite una demanda contra un inquilino concreto y acuden las autoridades para comunicar el desahucio, normalmente el denunciado ya no está en ese inmueble, lo que obliga a «iniciar un nuevo procedimiento» contra otra persona distinta.
Empresas antiocupas
Córdoba no es ajena al fenómeno de la ocupación, aunque no a los niveles de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona o a lo que ocurre en la Costa del Sol, según explica Jorge Fe, gerente de la firma Fuera Okupas.
Su empresa, que opera en toda España, se dedica a desocupar viviendas de particulares, por lo general «de clase media y baja», y no aceptan como clientes a las entidades bancarias. El precio por este trabajo es de 2.500 euros por vivienda y garantiza la desocupación en un plazo que va entre las dos y tres semanas.
