La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) alerta sobre la «alarma social» que ha generado en familias de la comunidad autónoma el decreto de urgencia (1/2017 del 28 de marzo), aprobado por la Junta de Andalucía para los centros de primer ciclo, de 0 a 3 años. María del Rosario de la Peña, presidenta de la CEI-A, indica que este modelo, dirigido a escuelas infantiles, es «anticonstitucional», ya que crea «grandes diferencias entre los centros de titularidad autonómica y adheridos». De la Peña matiza que, en el caso de que los padres elijan los centros de la Junta «tienen aseguradas las bonificaciones», mientras que los que opten por los adheridos «no la tienen asegurada».

Y es que este estatuto «recortará» las bonificaciones de las rentas familiares en Andalucía, llegando a pagar «un 50% más de lo que suelen abonar normalmente en la matriculación de sus hijos», en el plazo de dos meses. Además, cabe destacar que entre los padres prevalece «la incertidumbre», porque «estamos en fecha límite» para realizar el proceso de matriculación, por lo que las familias que no se matriculen «perderán las bonificaciones».

Según de la Peña, los propios padres con hijos de nuevo ingreso o en lista de espera «no tienen claro» dónde podrán llevar a sus hijos y, por otro lado, los padres de alumnos de renovación de curso afirman que «es posible» que sus hijos «no puedan seguir estudiando el próximo año», a pesar de que se haya incrementado un 15% el número de plazas disponibles en Andalucía, llegando a 113.000 para el próximo curso académico, respecto a las 98.000 plazas del año anterior, en las que «se presentaron 6.000 plazas y se retiraron 12.000», según asegura José Luis Victorio, vicepresidente de la CEI-A, quien destaca que «este año también se van a rechazar muchas plazas por no poder afrontar los costes».

La Coordinadora presentó el pasado 22 de junio una propuesta a la Delegación de Educación de la Junta , de la que no se obtuvo respuesta y se le trasladó a la Consejería de Igualdad, pero «nos dijeron que no era de su competencia», resalta De la Peña. Por su parte, Victorio subraya que, si Educación «continúa sin solventar este problema, ni hay diálogo entre nosotros», «tendremos que tomar medidas más contundentes y llevarlo a nuestro gabinete jurídico», que «ya está trabajando en ello». Por otro lado, el vicepresidente de CEI-A hace referencia a las consecuencias que arroja el decreto de urgencia, como puede ser «la proliferación de las escuelas infantiles alegales», entendidas como «ludotecas y viviendas que realizan esta misma actividad en horario lectivo».